Crisis institucional en la Guardia Civil tras la imputación de su cúpula por el «caso Leire»
La Dirección General de la Guardia Civil atraviesa un periodo de inestabilidad interna derivado de la imputación en la Audiencia Nacional de su directora, Mercedes González, y del Director Adjunto Operativo (DAO), el teniente general Manuel Llamas. La investigación judicial, centrada en presuntas maniobras para desestabilizar las pesquisas de la Unidad Central Operativa (UCO) sobre casos de corrupción, ha provocado una fractura en la cadena de mando y el cese de las comunicaciones habituales entre la cúpula y mandos operativos clave.
El origen de la actual crisis se sitúa en la apertura de informaciones reservadas contra agentes de la unidad de élite por supuestas filtraciones a los medios de comunicación. Según consta en el procedimiento que instruye el juez Santiago Pedraz, estas actuaciones disciplinarias habrían sido utilizadas para interferir en las investigaciones relativas a las causas conocidas como «caso Koldo» y las ramificaciones que afectan al entorno del Ejecutivo central. La imputación de González y Llamas responde a la presunta comisión de delitos relacionados con la obstrucción de estas diligencias judiciales.
Fuentes del instituto armado confirman que la situación ha derivado en una «guerra fría» interna, desencadenada tras los testimonios de los generales Rafael Yuste y Alfonso López Malo, ambos con trayectoria en la jefatura de la UCO. Estos mandos alertaron a los investigadores sobre la existencia de una presunta trama, vinculada a la figura de Leire Díez, cuyo objetivo sería desacreditar a los agentes encargados de las pesquisas de corrupción. La vinculación de estas maniobras con encuentros entre la directora general y personas del entorno del PSOE ha agravado la tensión institucional.
La operatividad del cuerpo se ha visto afectada particularmente en el área de la Policía Judicial. Los informes internos revelan que el teniente general Manuel Llamas ha interrumpido el despacho ordinario de asuntos con el general Alfonso López Malo, jefe de la Policía Judicial y responsable de la persecución de delitos graves y delincuencia organizada. Esta ausencia de comunicación directa dificulta la gestión técnica y el apoyo a los órganos judiciales, según detallan fuentes conocedoras del funcionamiento de la Dirección General.
En el plano judicial, la Unidad Central Operativa ha remitido recientemente un informe al magistrado Santiago Pedraz que contradice la versión ofrecida por el DAO. Mientras que Llamas defendió la legalidad de los expedientes internos basándose en sospechas fundadas de filtración, la UCO ha aportado pruebas que desvinculan a sus agentes de la publicación de informaciones sensibles, como los mensajes entre la Presidencia del Gobierno y el exministro José Luis Ábalos. El informe sugiere que la cúpula mantuvo los expedientes sancionadores a pesar de conocer que no existía responsabilidad por parte de los investigadores.
Pese a las peticiones de las acusaciones populares para que se suspendan las facultades de mando de los imputados sobre la UCO, el juez Pedraz ha desestimado por el momento tal medida. El magistrado sostiene que la unidad mantiene su condición de policía judicial y cuenta con los mecanismos legales necesarios para denunciar cualquier irregularidad o injerencia directamente ante la Audiencia Nacional. No obstante, el clima de desconfianza persiste entre los distintos niveles de la jerarquía de la Guardia Civil.
