La Comisión Europea constata avances en el Estado de derecho en España mientras la sociedad civil advierte de parálisis legislativa

La Comisión Europea ha publicado su séptimo Informe anual sobre el Estado de derecho, en el que se atribuyen a España progresos en materias como la reforma del Ministerio Fiscal, la gestión de información clasificada y el marco normativo contra la corrupción. No obstante, el documento oficial contrasta con las advertencias de la sociedad civil, que señala que gran parte de estos avances se fundamentan en proyectos legislativos que permanecen bloqueados en las Cortes Generales o en planes que carecen de ejecución efectiva.

En el análisis por capítulos, Bruselas destaca como un «avance significativo» la tramitación de la futura Ley de Información Clasificada, destinada a sustituir a la normativa vigente de 1968. Sin embargo, la realidad parlamentaria indica que el proyecto ha superado ya las 36 prórrogas en el plazo de enmiendas en el Congreso de los Diputados, lo que ha impedido que su tramitación real comience a pesar de haber sido aprobado por el Consejo de Ministros hace un año.

Una situación similar afecta a la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. El informe europeo valora positivamente la propuesta de establecer un mandato de cinco años para el Fiscal General del Estado, con el objetivo de desvincular su cargo del mandato del Gobierno. No obstante, esta reforma se encuentra actualmente en fase de tramitación parlamentaria y no cuenta con las mayorías necesarias garantizadas para su aprobación definitiva, lo que convierte el avance en una declaración de intenciones más que en una realidad jurídica.

En cuanto al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la Comisión Europea ha reiterado, por tercer año consecutivo, la necesidad urgente de proceder a la renovación del órgano y a la posterior reforma del sistema de elección de sus vocales de origen judicial. Esta recomendación, que se mantiene invariable en las últimas ediciones del informe, subraya la persistencia del bloqueo institucional en el órgano de gobierno de los jueces.

Respecto a la integridad pública, el informe califica de «limitado» el avance en el control de conflictos de interés. Según datos proporcionados por la Fundación Hay Derecho, entidad consultada para la elaboración del capítulo español, la Oficina de Conflictos de Intereses ha denegado apenas el 3,3% de las solicitudes de compatibilidad para el sector privado presentadas por altos cargos en la última década. La crítica se extiende a la falta de autonomía del organismo, que depende funcionalmente del propio Ejecutivo al que debe supervisar.

En el ámbito de la lucha contra la corrupción, el informe recoge la existencia del Plan Estatal Anticorrupción, aunque el 92% de los ciudadanos españoles todavía percibe que este problema está generalizado en el país. Entidades de control advierten que la Autoridad Independiente de Integridad Pública prevista en dicho plan no ha sido creada, y que otros instrumentos, como el registro de lobbies, acumulan decenas de prórrogas parlamentarias sin registrar progresos desde finales de 2023.

Finalmente, la implementación de la Autoridad de Protección del Informante también presenta dificultades operativas. A pesar de haber iniciado su actividad recientemente, el organismo cuenta con menos del 65% de sus plazas cubiertas y opera bajo un presupuesto provisional. Desde la dirección de Hay Derecho, Safira Cantos ha recalcado que el Estado de derecho no mejora con «promesas de papel» o anuncios que no llegan a ejecutarse, instando a las instituciones a pasar de la planificación legislativa a la aplicación efectiva de las normas.