Hazte Oír solicita 24 años de prisión para Begoña Gómez y pide la retirada de su pasaporte
La asociación Hazte Oír, que ejerce la acusación popular en el procedimiento instruido por el magistrado Juan Carlos Peinado, ha presentado este lunes un escrito ante el Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid en el que solicita una pena de 24 años de prisión para Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. El colectivo fundamenta su petición en la presunta comisión de cuatro delitos y ha instado al instructor a adoptar medidas cautelares para asegurar la presencia de los investigados en el proceso judicial.
El escrito de la acusación popular no se limita únicamente a la esposa del jefe del Ejecutivo, sino que extiende las peticiones penales a los otros dos investigados en la causa: su asistente en el Palacio de la Moncloa, Cristina Álvarez, para quien solicita 22 años de cárcel, y el empresario Juan Carlos Barrabés, con una petición de seis años de prisión. Esta solicitud de penas supera significativamente la registrada la pasada semana por el sindicato Manos Limpias, que interesó una condena de diez años para Gómez.
En el ámbito de las medidas cautelares, Hazte Oír ha requerido al juez Peinado que imponga a los tres investigados la retirada del pasaporte y la prohibición de abandonar España sin previa autorización judicial. Asimismo, la asociación solicita que se establezca la obligatoriedad de comparecer quincenalmente en sede judicial y la prestación de una fianza económica para asegurar posibles responsabilidades pecuniarias derivadas del procedimiento.
Los cargos que la acusación imputa a Begoña Gómez comprenden presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida. Estas tipificaciones penales se enmarcan en la investigación que rastrea las relaciones profesionales de la investigada y las adjudicaciones públicas recibidas por empresas vinculadas al entorno de la Universidad Complutense de Madrid y el empresario Barrabés.
Con esta diligencia, la acusación popular busca elevar la presión procesal sobre los encausados en un momento clave de la instrucción. El juzgado deberá ahora evaluar la pertinencia de las medidas cautelares solicitadas, así como la solidez de las imputaciones contenidas en el escrito presentado este lunes, en el marco de una causa que mantiene la atención institucional y jurídica sobre la actividad profesional de la cónyuge del presidente Pedro Sánchez.
