Hazte Oír solicita al Supremo suspender el voto de los descendientes de nacionalizados por la ‘ley de nietos’

La asociación Hazte Oír ha interpuesto un escrito ante el Tribunal Supremo solicitando la identificación y la aplicación de una suspensión cautelar del derecho al voto para los hijos mayores de edad de aquellas personas que han obtenido la nacionalidad española a través de la Disposición Adicional Octava de la Ley de Memoria Democrática, conocida popularmente como la «ley de nietos».

En el documento remitido a la Sala de lo Contencioso-Administrativo, la organización insta al alto tribunal a requerir a la Junta Electoral Central (JEC) y a la Oficina del Censo Electoral el desglose pormenorizado de las inscripciones de este colectivo en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA). El objetivo de esta medida es que la suspensión del sufragio se aplique de cara a los procesos electorales convocados para el próximo 29 de noviembre.

La argumentación de la asociación se apoya en un auto previo dictado por el Tribunal Supremo el pasado mes de septiembre. En dicha resolución, el tribunal ya acordó la suspensión cautelar del voto para quienes no lograsen demostrar su condición de descendientes de exiliados, al apreciar un «peligro fundado, real y serio» de que se viera afectada la objetividad y la transparencia del proceso electoral.

Según sostiene Hazte Oír en su escrito, dicho riesgo persiste y se extiende a los hijos de los afectados que, siendo mayores de edad, figuren actualmente en el censo electoral. La asociación advierte que, si estas inscripciones siguen produciendo efectos sin ser identificadas debidamente, una eventual sentencia futura que ordene separar las altas derivadas de la mencionada ley no tendría efectos prácticos sobre quienes ya hubieran ejercido su derecho al voto.

La solicitud subraya la existencia de una «especial urgencia» en el procedimiento. Este carácter de premura se debe a que el Gobierno debe entregar esta misma semana la relación nominal de los beneficiarios por la «ley de nietos», y la identificación de los descendientes solo resultaría útil si se incorpora de manera inmediata a las operaciones de control del censo electoral.

La Ley de Memoria Democrática, aprobada en 2022, contempla en su articulado la posibilidad de que los descendientes de españoles que perdieron o renunciaron a su nacionalidad por motivos políticos, ideológicos o de creencia durante la Guerra Civil y la Dictadura puedan adquirir la nacionalidad española. La actual ofensiva jurídica busca limitar el impacto electoral de estas nacionalizaciones hasta que se resuelva el fondo de la controversia jurídica.