Igualdad detecta el uso irregular de 12 millones de euros de los fondos contra la violencia de género
El Ministerio de Igualdad ha confirmado que aproximadamente el 30% de los fondos transferidos a las administraciones locales en el marco del Pacto de Estado contra la Violencia de Género se han destinado a actividades que no corresponden al objeto de la subvención. Según los datos oficiales, de los 40 millones de euros anuales asignados a los ayuntamientos para el periodo 2024-2025, unos 12 millones han sido utilizados en eventos lúdicos o talleres sin vinculación directa con la protección de las víctimas o la prevención de la violencia machista.
Esta revisión administrativa surge tras la denuncia de la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres, una organización que aglutina a diversos colectivos feministas. Desde abril de 2024, esta entidad ha documentado un total de 250 casos de supuesta malversación de fondos públicos a través de un mapa interactivo, alertando sobre el desvío de recursos destinados específicamente a la erradicación de la desigualdad extrema.
Entre las actividades fiscalizadas que el Ministerio considera ahora como gastos no justificables se encuentran carreras de tacones, talleres de maquillaje, jornadas de tiro con arco, festivales de música, charlas de temática LGTBI y talleres de productos de limpieza. La auditoría del gabinete dirigido por Ana Redondo ha señalado a un total de 2.666 ayuntamientos que no han justificado debidamente la aplicación de estos fondos conforme a los criterios del Pacto de Estado.
Como respuesta inmediata, el Ministerio de Igualdad ha publicado una guía técnica de criterios claros para delimitar qué actividades son susceptibles de ser subvencionadas. El documento establece que no se financiarán iniciativas relacionadas con la sostenibilidad ambiental, escritura creativa, concursos de pintura o torneos deportivos que carezcan de un enfoque específico en la lucha contra la violencia de género. La ministra Redondo se ha comprometido a perseguir cualquier uso de estos fondos que pueda banalizar las políticas públicas destinadas a proteger a las mujeres.
Las consecuencias financieras para los consistorios implicados comenzarán a aplicarse a partir del 1 de julio de este año. El importe total de los gastos considerados indebidos se descontará directamente de las transferencias previstas para el nuevo ejercicio presupuestario. Esta medida podría dejar a algunos ayuntamientos sin financiación específica para este año en esta materia, aunque mantendrán la posibilidad de recurrir a otros planes estatales para sus proyectos locales.
Desde la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres han valorado positivamente la reacción del Ministerio y el refuerzo de los mecanismos de control. La organización sostiene que la fiscalización no debe entenderse como una muestra de desconfianza hacia el municipalismo, sino como una garantía de eficacia para que cada euro asignado cumpla la función social para la que fue aprobado por el Congreso de los Diputados.
El debate sobre la eficiencia del Pacto de Estado contra la Violencia de Género se produce en un contexto de incremento de la inversión pública. En la última Conferencia Sectorial de Igualdad, celebrada en abril, se acordó el reparto de otros 160 millones de euros entre las comunidades autónomas y ciudades autónomas, elevando la inversión total anual a cifras récord en un intento por reducir los indicadores de violencia que, hasta la fecha, no han mostrado un descenso proporcional al gasto ejecutado.
