Salvador Illa reclama «diligencia y agilidad» en la aplicación de la amnistía tras la resolución sobre Meritxell Serret
El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha manifestado su satisfacción por la reciente decisión del Tribunal Supremo de aplicar la ley de amnistía a la exconsellera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Meritxell Serret. No obstante, el jefe del Ejecutivo autonómico ha instado a las autoridades judiciales a proceder con mayor celeridad en la resolución del resto de las causas pendientes vinculadas al proceso independentista.
Durante una atención a los medios de comunicación en el marco de su visita institucional a Vietnam, Illa ha defendido la plena vigencia y necesidad de la norma. «La amnistía siempre la hemos defendido y hemos dicho que debe llevarse a cabo, debe aplicarse con diligencia y agilidad. Yo celebro que haya habido algunas decisiones del Tribunal Supremo en ese sentido», ha declarado el presidente, enfatizando el valor de esta medida para el restablecimiento de la convivencia en Cataluña.
En su argumentación, el mandatario catalán ha hecho referencia al papel de la justicia comunitaria, señalando que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha sido «clara y explícita». Según Illa, dicho fallo certifica la plena conformidad de la ley de amnistía con el derecho europeo y elimina cualquier incertidumbre jurídica respecto a una posible afectación de los intereses financieros de la Unión Europea.
Consultado sobre las gestiones de la Generalitat ante el Tribunal de Cuentas, donde la administración autonómica ha solicitado formalmente el levantamiento de las medidas cautelares en las causas relativas al 1-O y a la acción exterior del anterior Ejecutivo, Illa ha confirmado que todavía no se ha recibido una notificación oficial. Hasta la fecha, no consta respuesta por parte del órgano contable al escrito presentado por los servicios jurídicos del Gobierno catalán.
Con este posicionamiento, el presidente de la Generalitat reafirma su compromiso con la aplicación integral de la ley aprobada por las Cortes Generales, situando la normalización institucional y judicial como una prioridad de su mandato para asegurar la estabilidad política en la comunidad autónoma.
