La integración de la Guardia Civil y la Policía Nacional en el CAT-112 permanece estancada tras 19 meses de acuerdo

El proceso de integración de la Guardia Civil y la Policía Nacional en el sistema de emergencias de Cataluña (CAT-112), pactado entre el Ministerio del Interior y la Generalitat hace 19 meses, presenta avances mínimos según informan fuentes policiales. A pesar del compromiso alcanzado en la Junta de Seguridad para optimizar la respuesta ante incidentes graves, la colaboración operativa se limita actualmente a avisos de carácter aeroportuario, mientras se dilatan las reformas estructurales en las salas de control centrales de Reus y Barcelona.

El acuerdo, ratificado con el objetivo de garantizar una respuesta más rápida y eficaz frente a la criminalidad y evitar la pérdida de «minutos de oro», contemplaba una contrapartida competencial y financiera. El departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska aceptó ceder competencias de medio ambiente a los Mossos d’Esquadra y Agentes Rurales, además de una financiación de 3.000 millones de euros para el aumento de la plantilla de la policía autonómica. No obstante, los reportes operativos indican que el cumplimiento de los términos del pacto ha sido desigual.

En el ámbito operativo, las fuerzas de seguridad del Estado señalan que las alertas recibidas a través del sistema Websimasc se restringen casi exclusivamente a incidencias en aeropuertos o relacionadas con vuelos, como indisposiciones de pasajeros o monitorización de drones. En áreas críticas como los rescates marítimos, la Guardia Civil no recibe avisos directos del CAT-112; la comunicación debe ser canalizada a través de Salvamento Marítimo, lo que, según denuncian fuentes del Cuerpo, ralentiza la capacidad de respuesta ante emergencias en el litoral.

Asimismo, la presencia física de agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil en las salas de mando del 112 no se ha materializado. La Administración autonómica no ha habilitado todavía los espacios necesarios para que los efectivos estatales trabajen de manera conjunta con los operadores catalanes. Hasta el momento, es la policía autonómica la que continúa gestionando de forma exclusiva estas comunicaciones, a pesar de las críticas de formaciones políticas como el Partido Popular, que ha solicitado formalmente la culminación de esta integración antes de finalizar el año 2026.

De forma paralela al retraso en la integración tecnológica y humana, la presencia de unidades especializadas del Estado en Cataluña ha experimentado una reducción notable. El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil opera actualmente con la mitad de sus efectivos previstos. Por su parte, la Dirección General de la Guardia Civil hizo efectiva en junio la supresión del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de Gerona, centralizando el servicio de rescate acuático en la sede de Barcelona para cubrir todo el litoral catalán.

El escenario actual queda pendiente de una resolución judicial clave. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) debe fallar sobre el recurso interpuesto por la Unión de Oficiales de la Guardia Civil contra el acuerdo de la Junta de Seguridad. La organización profesional sostiene que la cesión de competencias en medio ambiente contraviene la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y el Estatuto de Autonomía de Cataluña, argumentando que una modificación de este calado requeriría una reforma legislativa de rango orgánico y no un acuerdo administrativo entre ejecutivos.