Imbroda califica de «trampa» el informe de la UDEF y anuncia acciones legales por injurias
El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda, ha rechazado de manera tajante las conclusiones de un reciente informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que señala indicios de presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. En una comparecencia pública, el mandatario ha calificado el documento manuscrito que originó la investigación como una «trampa» diseñada para dañar su reputación institucional, anunciando además el inicio de medidas judiciales contra el responsable del hallazgo de dicho papel.
La investigación policial tiene su origen en un manuscrito intervenido durante un registro domiciliario a Abdelmayid Belkasen Mohamed, empresario investigado en el marco de la operación Santiago-Rusadir por supuesta compra de votos en la legislatura anterior. Imbroda ha subrayado que este documento carece de rigor y ha dado instrucciones a los servicios jurídicos de la ciudad para interponer una denuncia contra el citado empresario por injurias y calumnias, desvinculando por completo a su Ejecutivo de cualquier trato de favor o irregularidad administrativa.
Respecto a la denominada «Operación Valenzuela» y la construcción del centro comercial Parque Murias, el presidente melillense ha precisado que los terrenos donde se asienta la infraestructura fueron adquiridos al Ministerio de Defensa en 1994 y vendidos en subasta pública en 1998, periodos previos a su mandato. Asimismo, ha negado relación alguna con la constructora del complejo y ha recordado que la administración local litigó en los tribunales para asegurar el cobro del 10% del aprovechamiento urbanístico correspondiente a las arcas públicas.
Imbroda también ha desmentido las acusaciones sobre el presunto encubrimiento de una deuda fiscal de varios millones de euros. Según ha explicado, la deuda real fue tasada por los técnicos municipales en 202.000 euros en el año 2022, mediante los procedimientos ordinarios de autoliquidación, desestimando las cifras de siete u ocho millones de euros sugeridas en la información difundida. El presidente ha defendido la «limpieza» de su gestión frente a lo que considera intentos recurrentes de la oposición por desestabilizar su gobierno mediante la difusión de falsedades.
Finalmente, el jefe del Ejecutivo autonómico ha hecho hincapié en que el desarrollo urbanístico objeto de polémica ha contado con la intervención de cuatro presidentes distintos y diversas formaciones políticas a lo largo de las décadas, lo que, a su juicio, refuerza la transparencia y legalidad del proceso. Imbroda concluyó su intervención rechazando la existencia de fondos en paraísos fiscales y reiterando su compromiso con la honradez de su gabinete frente a las acusaciones vertidas en el informe policial.
