Citan a declarar como investigado al director general de Quirón Prevención en la causa contra Alberto González Amador
El Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid ha citado para el próximo 3 de diciembre a Fernando Javier Camino, director general de Quirón Prevención, en calidad de investigado. La comparecencia se produce en el marco de la pieza separada donde se instruyen presuntos delitos de corrupción en los negocios y administración desleal vinculados a su socio, Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Según la providencia judicial a la que han tenido acceso diversos medios de comunicación, el magistrado ha otorgado un plazo de cinco días a las partes personadas para presentar las alegaciones que consideren oportunas. Esta diligencia supone un avance en la instrucción sobre las posibles irregularidades detectadas en operaciones mercantiles realizadas entre los años 2020 y 2021.
La investigación se centra específicamente en la adquisición de la sociedad Círculo de Belleza SL (vinculada a Masterman SL) por parte de la mercantil de González Amador. Según los informes de la Agencia Tributaria que dieron origen a la causa, la empresa de González Amador abonó cerca de 500.000 euros por una sociedad que, en el momento de la transacción, apenas registraba actividad económica. La magistrada instructora decidió abrir esta pieza separada tras estimar parcialmente un recurso de reforma interpuesto por las acusaciones populares, representadas por el PSOE y Más Madrid.
El núcleo de la instrucción busca determinar si se utilizó una sociedad instrumental para «ocultar ingresos» procedentes del Grupo Quirón que debían haber sido declarados por Maxwell Cremona S.L., la empresa de González Amador. La resolución judicial analiza si los hechos podrían ser constitutivos de un delito de corrupción en los negocios o de administración desleal, atendiendo al elevado importe pagado por las participaciones de una sociedad que pertenecía a la cónyuge del ahora citado Fernando Javier Camino.
La acusación popular sostiene que el negocio jurídico analizado podría tratarse de una simulación subjetiva. Esta tesis coincide en parte con los planteamientos de la Abogacía del Estado, que ha señalado la necesidad de investigar si la estructura societaria empleada sirvió para canalizar fondos de manera irregular. Con la declaración del director general de Quirón Prevención, el juzgado busca esclarecer la naturaleza de los contratos y las transferencias de capital entre las entidades implicadas en la trama.
