El índice de referencia para el alquiler alcanza el 2,57% en octubre, su máximo histórico

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha hecho público este viernes el índice de referencia para la actualización anual de los contratos de alquiler, situando la tasa interanual de octubre en el 2,57%. Esta cifra representa un incremento respecto al 2,54% registrado en el mes de septiembre y se posiciona como el nivel más elevado desde que el organismo comenzó la serie histórica de este indicador estadístico.

Con este último dato, el índice acumula diecisiete meses consecutivos por encima del umbral del 2%. Este indicador es de aplicación obligatoria para la revisión de las rentas en aquellos contratos de arrendamiento de vivienda que hayan sido formalizados tras la entrada en vigor de la Ley por el Derecho a la Vivienda, el 25 de mayo de 2023. El INE difunde mensualmente este valor para marcar el límite máximo de revalorización anual de dichos contratos.

La metodología de cálculo de este índice integra de manera conjunta el Índice de Precios de Consumo (IPC), la inflación subyacente y las diferencias en las tasas de crecimiento anual de ambos indicadores. Asimismo, incorpora un parámetro relacionado con el crecimiento esperado a largo plazo, definido por la Dirección General de Política Económica, y un coeficiente moderador establecido en coordinación con el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

De acuerdo con el protocolo técnico, el índice de referencia final se establece tomando el valor mínimo entre la variación anual del IPC, la variación de la inflación subyacente y la tasa de variación anual media ajustada. Este mecanismo busca, según la normativa vigente, evitar incrementos desproporcionados en el precio de los alquileres, garantizando un ajuste basado en la realidad económica actual y la evolución del mercado de vivienda.

Con la publicación de estos datos, el organismo estadístico cumple con la disposición adicional undécima de la Ley por el Derecho a la Vivienda. La legislación mandataba al INE para definir, antes del 31 de diciembre de 2024, un marco de referencia técnico que dotara de seguridad jurídica y estabilidad a las actualizaciones de renta en los contratos de arrendamiento en todo el territorio nacional.