El Ministerio del Interior registra un incremento del 39,4% en la inmigración irregular durante 2026
El último balance quincenal publicado por el Ministerio del Interior revela que un total de 44.238 personas han accedido de manera irregular a territorio español en lo que va de año. Esta cifra supone un aumento del 39,4% respecto al mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron 31.742 entradas. El informe destaca una especial presión sobre la ruta atlántica, con un desbordamiento en las Islas Canarias que concentra más del 60% de las llegadas marítimas totales del país.
No obstante, los datos oficiales del departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska no incorporan en el cómputo global el episodio migratorio registrado en la ciudad autónoma de Ceuta durante el mes de julio. Según informes de la Policía Nacional y la Guardia Civil, dicho suceso supuso la entrada de más de 100.000 personas, de las cuales unas 15.000 permanecen todavía en la ciudad. El Ministerio justifica la exclusión de estas cifras en el balance ordinario alegando que se trata de entradas que han sido objeto de triaje o que requieren un análisis específico.
La situación en el archipiélago canario se ha tornado crítica en el tramo final del ejercicio. Hasta el 15 de noviembre, 39.445 migrantes han llegado a España por vía marítima, de los cuales 24.364 lo hicieron a las costas canarias, lo que representa un repunte interanual del 65,9%. La intensidad de los flujos se ha acelerado en las últimas semanas: solo durante la primera quincena de noviembre arribaron 11.037 personas al archipiélago, superando ampliamente los registros de los meses anteriores.
El pico de presión se alcanzó el fin de semana del 14 y 15 de noviembre, con más de 3.000 rescates en 48 horas y un récord histórico de 1.580 llegadas en una sola jornada. Esta reactivación de la ruta atlántica ha afectado especialmente a la isla de El Hierro. Los expertos policiales vinculan este desplazamiento de los flujos hacia Canarias a la crisis previa en Ceuta, señalando a los ciudadanos senegaleses y marroquíes como las nacionalidades predominantes en estas embarcaciones.
Ante esta coyuntura, el Gobierno de España declaró el pasado martes la emergencia migratoria en las islas, aprobando una partida extraordinaria de 16 millones de euros. Estos fondos están destinados a la ampliación de plazas de acogida estatales, el refuerzo de personal sanitario de Cruz Roja y la incorporación de una nueva unidad de Salvamento Marítimo para mejorar la capacidad de respuesta en el mar.
Sin embargo, el Ejecutivo autonómico de las Islas Canarias considera que estas medidas son insuficientes. El Gobierno de Fernando Clavijo ha solicitado formalmente la movilización de aviones del Ejército para agilizar los traslados a la península, así como la instalación de un hospital de campaña en El Hierro. Desde la comunidad autónoma se reclama también una mayor implicación de la Unión Europea y el despliegue de la agencia Frontex en los países de origen, como Senegal y Gambia.
La gestión de la acogida se enfrenta además al reto de la tutela de menores extranjeros no acompañados. Actualmente, el archipiélago atiende a más de 3.300 menores en centros que se encuentran al límite de su capacidad. Las autoridades regionales han reiterado la necesidad de una respuesta coordinada y estable que alivie la saturación de los recursos asistenciales ante la persistencia de las llegadas irregulares en el último trimestre del año.


