El sector inmobiliario denuncia inseguridad jurídica ante la aprobación por decreto de nuevas medidas de vivienda
La Federación de Asociaciones de Empresas Inmobiliarias (Fadei) y la Asociación Madrileña de Empresas Inmobiliarias (Amadei) han manifestado su firme rechazo a la reciente aprobación en el Consejo de Ministros de dos reales decretos ley en materia de vivienda. Las patronales del sector consideran que estas medidas, aprobadas por la vía de urgencia tras no haber obtenido previamente el respaldo del Congreso de los Diputados, generan desconfianza e incertidumbre en un mercado ya tensionado.
Fadei ha señalado, a través de un comunicado oficial, que la política residencial del país no debe depender de «normas improvisadas y sin consenso parlamentario». La federación denuncia que reactivar disposiciones que carecen de mayoría legislativa profundiza la brecha entre la administración y los agentes del sector, dificultando la consecución de un marco normativo estable y duradero que responda a las necesidades actuales de la ciudadanía.
El presidente de Fadei, Miguel Ángel Gómez Huecas, ha advertido de que la sucesión de cambios legislativos y rectificaciones «dificulta la toma de decisiones de propietarios, inquilinos, compradores, inversores y empresas». Según el representante de la patronal, la incertidumbre derivada de este escenario termina por condicionar la disponibilidad de oferta de vivienda, agravando el problema de acceso en lugar de solucionarlo. La organización reclama una estrategia a largo plazo que sustituya las «intervenciones parciales» promovidas por la coyuntura política.
Desde el ámbito autonómico, Amadei ha calificado la maniobra del Ejecutivo como un «fraude constitucional». La asociación madrileña sostiene que la aprobación de estos reales decretos ley supone una vulneración de la seguridad jurídica, especialmente en el contexto actual tras la convocatoria de elecciones para el próximo 29 de noviembre. La organización critica que el Gobierno pretenda sustituir la voluntad de la mayoría del Congreso por la decisión de una Diputación Permanente, compuesta por 69 miembros, para validar normas de alto impacto social y económico.
Finalmente, el sector inmobiliario ha instado a las instituciones a centrar el debate en el análisis de las causas por las cuales las políticas aplicadas hasta la fecha no han logrado mejorar el acceso a la vivienda. Advierten, además, de que la actual dirección normativa podría provocar una paralización de proyectos destinados al alquiler y una fuga de capital inversor, elementos esenciales para incrementar el parque residencial en España.
