El Ministerio del Interior mantiene en fase de análisis los datos de la última crisis migratoria en Ceuta
El Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, mantiene bloqueada la actualización de las estadísticas oficiales referidas a las entradas irregulares en Ceuta tras la crisis migratoria registrada a finales de julio. Según los últimos balances publicados, los informes gubernamentales no incluyen todavía el volumen total de personas que accedieron a la ciudad autónoma durante los episodios de mayor presión en el espigón de Tarajal, alegando que las cifras se encuentran sujetas a un proceso de triaje y validación técnica posterior.
El último desglose quincenal de inmigración irregular sitúa en 4.746 el número de personas llegadas a Ceuta en lo que va de año. Esta cifra apenas ha experimentado variaciones significativas desde el mes anterior, cuando se contabilizaron 4.648 entradas, a pesar de los flujos detectados durante el periodo estival. El departamento ministerial ha precisado en sus documentos que las estadísticas actuales no integran las entradas producidas los días 30 y 31 de julio, argumentando que dichos datos deben someterse a un análisis exhaustivo antes de su consolidación definitiva en el registro oficial.
Fuentes del Ministerio del Interior han señalado que la falta de integración de estos datos responde a la necesidad de realizar un estudio pormenorizado de cada expediente de filiación. No obstante, la administración no ha confirmado un plazo concreto para la incorporación de estas cifras a los registros oficiales de la Secretaría de Estado de Seguridad. Esta situación se prolonga 15 semanas después de que se intensificaran las entradas en el perímetro fronterizo, lo que mantiene una divergencia entre las estimaciones de los cuerpos de seguridad y los datos públicos ofrecidos por el Ejecutivo.
El parón en el registro estadístico impacta directamente en la comparativa anual del flujo migratorio hacia territorio nacional. Según el último análisis publicado por el Gobierno, el total de llegadas irregulares a España se sitúa en 24.646 personas, lo que representaría un descenso del 10,3% respecto al ejercicio anterior. Esta tendencia a la baja se apoya en la exclusión temporal de los datos de Ceuta, donde los flujos se incrementaron tras la sentencia del Tribunal Supremo que prohibió las devoluciones sumarias de quienes accedían a nado desde Marruecos.
Esta metodología administrativa cuenta con precedentes en la gestión de crisis migratorias previas. Durante los sucesos de mayo de 2021, en los que se estimó la entrada de unas 10.000 personas en la ciudad autónoma, el Ministerio del Interior también evitó incluir el grueso de las llegadas en sus informes finales de aquel año. En esa ocasión, la justificación oficial se basó en que los datos se encontraban «bajo tratamiento», lo que finalmente supuso que la oleada migratoria no constara de forma pormenorizada en el balance anual consolidado de inmigración irregular.
Por su parte, fuentes policiales advierten que el número de personas filiadas por la Policía Nacional en Ceuta durante la última crisis podría rondar las 6.000, mientras que la cifra de personas que permanecen en la región tras las entradas irregulares sería superior. La actual política de Interior de segregar estos flujos bajo la categoría de «análisis posterior» ha generado valoraciones críticas en sectores operativos, que señalan una posible distorsión de la realidad estadística frente a la situación de presión migratoria que se vive en la frontera terrestre.
