El Ministerio del Interior asigna protección policial a la juez Beatriz Biedma tras denunciar amenazas y seguimientos
El Ministerio del Interior ha activado un dispositivo de seguridad personal para la magistrada Beatriz Biedma, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz. La medida se ha hecho efectiva tras la comparecencia de la juez ante la Audiencia Nacional, donde relató haber sido víctima de una campaña de acoso, seguimientos y amenazas directas contra su integridad física y la de su entorno familiar.
El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, confirmó este miércoles que la Policía Nacional ha establecido los protocolos de protección pertinentes de forma inmediata. Según Quintana, la decisión responde a una situación de «peligro existente» detectada tras la declaración de la magistrada, quien formalizó una comparecencia ante las fuerzas de seguridad para detallar los episodios de hostigamiento sufridos en los últimos meses.
En su testimonio ante el juez Santiago Pedraz, la magistrada Biedma expuso incidentes de especial gravedad, entre los que destaca la presencia de un individuo en el colegio de sus hijos. Según el relato judicial, el sujeto intentó obtener información sobre los horarios de los menores haciéndose pasar por el secretario personal de la juez. Asimismo, la magistrada manifestó su inquietud ante las anotaciones intervenidas en las agendas de los implicados en la denominada ‘trama Leire’, donde se hacían referencias explícitas a su persona.
La investigación judicial ha derivado en la imputación del exmagistrado José Luis Sáenz de Tejada, señalado como uno de los presuntos instigadores de estas maniobras. Sáenz de Tejada ha sido citado a declarar en la Audiencia Nacional el próximo 28 de octubre por la posible comisión de delitos de organización criminal, calumnias, coacciones y contra la integridad moral. La propia Biedma había solicitado esta imputación mediante un escrito en el que advertía sobre la gravedad de las proposiciones detectadas, que incluían referencias a «eliminar» a la juez.
El dispositivo de protección coordinado por la Policía Nacional se mantendrá activo mientras se evalúa la evolución del riesgo y los avances en la instrucción judicial. Las autoridades han evitado detallar la duración o el alcance específico del despliegue por motivos de seguridad, limitándose a ratificar que se están aplicando los protocolos habituales previstos para la protección de miembros de la judicatura bajo amenaza.
Este escenario de protección se produce en el marco de una investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre una estructura dedicada a ejercer presiones y vigilancia sobre autoridades judiciales. El próximo 28 de octubre también está prevista la comparecencia de otros implicados en la red que presuntamente buscaba interferir en la labor profesional de la magistrada extremeña.
