Hazte Oír anuncia acciones legales ante el posible incumplimiento de la resolución judicial sobre el censo electoral exterior

La asociación Hazte Oír ha comunicado este miércoles su intención de emprender acciones legales contra las autoridades y funcionarios que no ejecuten las resoluciones del Tribunal Supremo relativas al censo electoral de los residentes en el extranjero. La organización estudia posibles responsabilidades penales derivadas de desatender el mandato judicial que ordena excluir del censo a determinados beneficiarios de la Ley de Memoria Democrática, conocidos como beneficiarios de la «ley de nietos», de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

La advertencia de la entidad surge tras las recientes manifestaciones del Ejecutivo de Pedro Sánchez, que ha alegado dificultades técnicas para revisar el censo. Según informes de la Administración, el Estado carece de herramientas informáticas para identificar de manera automática la vía por la cual cada ciudadano adquirió la nacionalidad, lo que impediría completar la revisión individual de los expedientes antes de la cita electoral.

El conflicto jurídico tiene su origen en la decisión del Tribunal Supremo del pasado 8 de septiembre, que suspendió cautelarmente los efectos electorales de las nacionalizaciones vinculadas a una instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública. Dicha instrucción, dictada por Sofía Puente, amplió los supuestos de acceso a la nacionalidad. El Alto Tribunal mantiene la suspensión de estos derechos de voto a menos que las oficinas consulares acrediten fehacientemente que los afectados son descendientes de exiliados.

El pasado lunes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo rechazó un recurso de la Abogacía del Estado que invocaba la «imposibilidad material» de cumplir el auto judicial en el plazo previsto. Los magistrados señalaron en su resolución que la Administración no puede justificar el incumplimiento de una orden judicial basándose en deficiencias de gestión propias. Según datos técnicos, la medida afecta potencialmente a 163.020 personas inscritas en el censo cerrado el 1 de agosto.

Desde Hazte Oír han subrayado a través de un comunicado que los problemas de gestión administrativa no pueden convertirse en una excusa para eludir el cumplimiento de la ley. La asociación sostiene que las resoluciones del Supremo no deben quedar en «papel mojado» y exige al Gobierno garantías para que el censo electoral se ajuste estrictamente a la legalidad vigente y a los criterios de transparencia requeridos para los comicios.

Por su parte, el Gobierno ha expresado su preocupación por las implicaciones de esta medida. La portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, calificó la decisión judicial como de «extrema gravedad», argumentando que podría restringir el derecho fundamental al sufragio de miles de ciudadanos españoles residentes en el exterior. Sin embargo, el criterio del Supremo estipula que este derecho debe ser compatible con la fiabilidad del censo y el cumplimiento de los requisitos legales de nacionalización.

La organización demandante ha confirmado que mantendrá un seguimiento estrecho del procedimiento administrativo en las próximas semanas. En caso de que se confirme la omisión de las órdenes judiciales por parte de los organismos competentes, Hazte Oír promoverá las denuncias correspondientes para que se investiguen las posibles responsabilidades de los cargos responsables de la gestión del censo exterior.