La Audiencia Nacional anula la creación de la Comisaría de Policía Nacional en Roquetas de Mar por falta de motivación
La Audiencia Nacional ha dictado una sentencia que declara nula la orden ministerial para la creación de la Comisaría Local de la Policía Nacional en Roquetas de Mar (Almería). El tribunal fundamenta su decisión en la ausencia de una motivación técnica y administrativa suficiente, calificando la medida como arbitraria al no constar informes o estudios previos que justifiquen el cambio de demarcación territorial en un municipio donde la seguridad ciudadana es competencia histórica de la Guardia Civil.
Tras conocerse el fallo judicial, la Dirección General de la Policía ha procedido a paralizar de forma cautelar el concurso de traslados y las comisiones de servicio para los 150 efectivos que estaba previsto que se incorporaran a la nueva sede el próximo mes de diciembre. Esta resolución afecta directamente a un proyecto cuya infraestructura se encuentra prácticamente finalizada, con las obras de las nuevas dependencias a punto de concluir.
El fallo responde a un recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Unión de Oficiales (UO) de la Guardia Civil contra la orden publicada en el Boletín Oficial del Estado en 2023. Los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo señalan en su resolución que el Ministerio del Interior no aportó estudios demográficos u operativos que avalasen la necesidad de implantar a la Policía Nacional en la localidad, constatando la «ausencia de cualquier tipo de informe» que explicara la concurrencia de circunstancias específicas para tal decisión.
Desde el ámbito sindical, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha manifestado su preocupación por la paralización de los traslados, calificándola de medida «precipitada» dado que la sentencia no establece medidas cautelares que obliguen a detener el proceso de forma inmediata. El sindicato ha instado a la Abogacía del Estado a analizar el fondo del asunto para evitar un escenario de inseguridad jurídica para los agentes y la ciudadanía de Roquetas de Mar.
Por su parte, las asociaciones profesionales de la Guardia Civil han recibido la noticia con satisfacción, al considerar que la creación de la comisaría suponía un menoscabo a las competencias del Instituto Armado. La Unión de Oficiales sostiene que la salida de los 180 guardias civiles que actualmente operan en el municipio carecía de una razón operativa clara y generaba incertidumbre en las plantillas y sus familias.
El Ministerio del Interior ha confirmado su intención de recurrir la sentencia ante el Tribunal Supremo para intentar justificar la legalidad de la orden ministerial. No obstante, este escenario procesal abre un periodo de incertidumbre que podría demorar la resolución definitiva del conflicto competencial durante varios años, dejando en suspenso el uso de las nuevas instalaciones policiales y la organización de la seguridad pública en un municipio que supera los 100.000 habitantes.
