Venezuela impulsa apertura petrolera masiva con acuerdos por 2.000 millones de dólares
El Gobierno de Venezuela, bajo la gestión de Delcy Rodríguez, ha formalizado una serie de convenios estratégicos con empresas internacionales para reactivar la industria de los hidrocarburos. La iniciativa contempla una inversión inicial de 2.000 millones de dólares mediante acuerdos entre la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y las firmas Overseas Oil Company y Crossover Energy Holding, enfocados en proyectos de crudo y gas en los estados Monagas y Barinas.
Esta nueva etapa en la política energética venezolana prioriza la entrada de capitales de Estados Unidos y Europa, tras una reciente reforma a la Ley de Hidrocarburos aprobada a finales de enero. El nuevo marco legal busca flexibilizar el régimen tributario y de regalías para incentivar la participación privada, permitiendo que empresas extranjeras retomen operaciones en yacimientos que operaban con capacidad mínima. La administración se ha fijado como meta alcanzar una producción de 1,4 millones de barriles por día (bpd) para el cierre del año en curso.
En actos oficiales celebrados en el Palacio de Miraflores, Rodríguez recibió a Jarrod Agen, director ejecutivo del Consejo Nacional de Dominio Energético de la Casa Blanca, quien subrayó que las inversiones en petróleo, gas y minería avanzan bajo una dinámica de celeridad promovida por la administración de Donald Trump. En este contexto, Estados Unidos ha comenzado a emitir licencias operativas directas, prohibiendo simultáneamente inversiones de países competidores como Irán, China y Rusia en el sector energético local.
Además de los acuerdos con firmas estadounidenses, se confirmó la expansión de operaciones de la italiana ENI en el campo Junín-5, que posee reservas estimadas en 35.000 millones de barriles. Asimismo, se anunció el retorno de British Petroleum (BP) para la explotación de gas natural en la plataforma del estado Delta Amacuro, fronteriza con aguas de Trinidad. Estos movimientos buscan revertir la debacle operativa de PDVSA, que en años previos sufrió una caída drástica de su capacidad de refinación y producción debido a la desinversión y la crisis institucional.
En el ámbito social y laboral, el Ejecutivo anunció un ajuste en el ingreso mínimo de los trabajadores, situándolo en 240 dólares mensuales, mientras que las pensiones fueron fijadas en 70 dólares. Estos anuncios coinciden con un recorrido nacional de las autoridades gubernamentales bajo la consigna de solicitar el levantamiento definitivo de las sanciones internacionales que han pesado sobre la economía venezolana durante la última década.
Por su parte, los partidos de oposición y diversos sectores de la sociedad civil mantienen sus demandas de un proceso electoral presidencial inmediato. Argumentan una falta de legitimidad en el Poder Ejecutivo tras los cuestionados comicios de julio de 2024 y señalan una ausencia absoluta en el cargo. Mientras la actual administración avanza en su agenda económica y de alianzas petroleras, la fecha para una eventual contienda electoral permanece sin definición oficial, según las recientes declaraciones de los voceros gubernamentales ante medios internacionales.
