La Fiscalía Anticorrupción abre diligencias contra la alcaldesa de Valencia por presunta prevaricación
La Fiscalía Anticorrupción ha iniciado formalmente diligencias de investigación penal contra la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, y dos integrantes de su equipo de gobierno, las concejalas Rocío Gil y Paula Llobet. Las pesquisas, que también alcanzan a la presidenta de la Autoridad Portuaria de Valencia, Mar Chao, y a cuatro empleados públicos, se centran en la posible comisión de delitos de prevaricación y tráfico de influencias en relación con procesos de selección y recolocación de personal.
El procedimiento tiene su origen en una denuncia presentada por el grupo municipal Compromís a finales del pasado mes de febrero. El escrito de denuncia señalaba una presunta concertación entre la administración municipal, diversas fundaciones dependientes del Ayuntamiento y el Puerto de Valencia para activar, de manera coordinada, al menos siete procesos selectivos. Según la tesis de la investigación, estos mecanismos habrían servido para facilitar la incorporación de trabajadores procedentes del Consorcio Valencia 2007 sin el estricto cumplimiento de los cauces legales.
La Fiscalía ha designado ya a un instructor tras considerar que existen indicios suficientes para incoar las diligencias. El foco de la investigación se apoya, entre otros elementos, en un informe de la Intervención General del Estado que advertía de posibles vulneraciones de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad en las convocatorias bajo sospecha. Asimismo, consta una denuncia notarial previa realizada por empleados del propio Consorcio Valencia 2007 que alertaba sobre el presunto esquema de contratación.
Este nuevo escenario judicial sitúa al ejecutivo local, integrado por el Partido Popular y Vox, en su coyuntura más compleja desde el inicio del mandato. Con la apertura de este expediente a Catalá, Gil y Llobet, son ya cinco los concejales del equipo de gobierno que se encuentran bajo investigación del Ministerio Público o enfrentan procesos penales impulsados por este organismo.
En este bloque de procesos judiciales se incluyen las diligencias abiertas en marzo de 2025 contra el representante de Vox, Juanma Badenas, relativas a la adjudicación de contratos desde la entidad Valencia Activa a empresas vinculadas a familiares de otros cargos públicos. A ello se suma la causa penal que afronta la edil Cecilia Herrero, para quien la Fiscalía solicita una pena de tres años de prisión por presuntos mensajes de odio en redes sociales.
La acumulación de frentes judiciales ha activado la respuesta de la oposición. Compromís ha solicitado formalmente la creación de una comisión de investigación en el seno del Ayuntamiento, mientras que el grupo socialista ha exigido explicaciones inmediatas ante lo que consideran una situación de fragilidad institucional. El gobierno municipal de Valencia sostiene actualmente su estabilidad sobre una mayoría mínima de un concejal, lo que incrementa la relevancia política de estas investigaciones.
La relevancia del caso trasciende el ámbito municipal, dado que Valencia representa uno de los principales activos institucionales del Partido Popular en el actual mapa político autonómico. La resolución de estas diligencias determinará no solo la responsabilidad jurídica de los implicados, sino también la viabilidad y la estabilidad de la coalición que gobierna la capital del Turia.
