La justicia investiga a la secretaria general Sofía Puente por la instrucción de la ‘ley de nietos’

El Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid ha admitido a trámite una querella contra Sofía Puente, actual secretaria general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, por un presunto delito de prevaricación administrativa. La investigación, dirigida por la magistrada Inmaculada Lova, se centra en la instrucción firmada por Puente en octubre de 2022, la cual amplió los criterios para obtener la nacionalidad española a través de la Disposición Octava de la Ley de Memoria Democrática, conocida popularmente como la «ley de nietos».

La decisión judicial se produce tras la querella presentada por la asociación Hazte Oír, que ha debido depositar una fianza de mil euros para personarse en la causa. El auto de la magistrada señala que los hechos relatados presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal, por lo que procede incoar diligencias previas para determinar la naturaleza de los mismos y las personas que hayan intervenido en la elaboración de la citada norma administrativa.

La controversia jurídica radica en que la instrucción firmada por Puente, entonces directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, habría incluido supuestos de acceso a la nacionalidad que habían sido explícitamente rechazados por el Congreso de los Diputados durante la tramitación parlamentaria de la ley. Según la denuncia, la instrucción administrativa no se limitó a interpretar la norma, sino que la «reescribió» para permitir la nacionalización de descendientes de emigrantes económicos, cuando el texto legal vinculaba el beneficio a quienes sufrieron exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia.

El Ministerio Fiscal se había mostrado reacio a iniciar esta investigación contra quien hoy es la «número tres» del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, dirigido por Félix Bolaños. No obstante, el Tribunal Supremo ya suspendió el pasado 8 de septiembre los efectos electorales de los 163.020 ciudadanos que, según datos del Gobierno, habrían obtenido la nacionalidad española a través de los procedimientos derivados de la mencionada instrucción.

Los servicios jurídicos de la asociación querellante argumentan que la celeridad con la que se aprobó la instrucción —apenas cinco días después de la publicación de la ley en el Boletín Oficial del Estado— impidió presuntamente el cumplimiento de los trámites preceptivos de elaboración, informe y supervisión de un documento técnico de 18 páginas. Asimismo, sostienen que la instrucción introdujo una presunción de exilio para todos los españoles que salieron del país entre 1936 y 1955, eximiendo a los solicitantes de acreditar de forma personalizada la causa de su salida, tal como exige el texto legal aprobado por las Cámaras.

Este procedimiento judicial supone un nuevo examen a la gestión de Sofía Puente, hermana del actual ministro de Transportes, Óscar Puente. Aunque una querella similar presentada por otra asociación fue archivada en abril de 2024, el Juzgado de Instrucción número 35 considera ahora necesario practicar diligencias esenciales para esclarecer si la instrucción administrativa supuso una alteración deliberada de la voluntad del legislador con el fin de facilitar nacionalizaciones masivas fuera del cauce legal previsto.