La Diócesis de Zamora aparta a un sacerdote investigado por presuntos abusos a menores
El Obispado de Zamora ha anunciado este jueves la suspensión temporal y el cese de funciones de un sacerdote de su diócesis tras la recepción de una denuncia por un supuesto delito de abuso sexual a menores. La institución eclesiástica ha procedido a apartar al clérigo de cualquier actividad que implique contacto con menores de edad, activando de forma inmediata los protocolos previstos para estos casos y notificando los hechos a la justicia civil.
Según el comunicado oficial emitido por la Diócesis, los testimonios recabados indican que los hechos denunciados habrían ocurrido cuando los afectados eran menores de edad. Ante esta situación, el obispo de Zamora, Fernando Valera, inició una investigación previa de carácter canónico para el esclarecimiento de lo sucedido mediante la recopilación de documentación y testimonios.
Siguiendo la normativa de la Iglesia católica, el expediente ha sido remitido al Dicasterio para la Doctrina de la Fe de la Santa Sede. Este organismo, competente en la materia, ha ordenado la apertura de un procedimiento canónico formal con el objetivo de depurar las posibles responsabilidades. De forma paralela, la Diócesis ha informado de los hechos a las autoridades civiles y ha manifestado su «plena disposición a colaborar» con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y con el juzgado correspondiente.
Las medidas cautelares adoptadas incluyen el cese temporal del sacerdote en sus oficios como párroco, la suspensión del ejercicio público de su ministerio sacerdotal y la prohibición expresa de participar en actividades con menores. No obstante, el Obispado ha precisado que estas actuaciones son de carácter preventivo y no prejuzgan el resultado final de los procedimientos en curso, instando al respeto de la presunción de inocencia del acusado.
Finalmente, la Diócesis de Zamora ha reafirmado su compromiso institucional con la protección de los menores y personas vulnerables. La institución ha expresado su voluntad de escucha y acompañamiento a las personas implicadas en el proceso, al tiempo que solicita prudencia durante el desarrollo de la investigación para garantizar los derechos tanto de la parte denunciante como del investigado.
