La justicia madrileña traslada a la Fiscalía la querella contra Sofía Puente por la aplicación de la ‘ley de nietos’

La Sección de Instrucción número 35 del Tribunal de Instancia de Madrid ha remitido al Ministerio Fiscal la querella y su posterior ampliación presentadas por la asociación HazteOír contra Sofía Puente Santiago, hermana del ministro de Transportes, Óscar Puente. La acción judicial se fundamenta en un presunto delito de prevaricación administrativa relacionado con la gestión de la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática, conocida popularmente como la «ley de nietos».

Mediante una providencia fechada el 9 de julio de 2024, la magistrada-juez Inmaculada Lova Ruiz ha solicitado a la Fiscalía la emisión de un informe técnico. En dicho documento, el Ministerio Público deberá determinar la procedencia de la admisión a trámite de la querella y señalar, en su caso, las diligencias de investigación que considere necesarias para el esclarecimiento de los hechos denunciados.

Este paso procesal constituye un requisito previo indispensable para que el juzgado resuelva sobre la continuidad del procedimiento. La magistrada busca establecer si existen indicios suficientes de criminalidad en la actuación de Puente Santiago antes de decidir si inicia una instrucción formal o procede al archivo de las actuaciones iniciadas por la organización civil.

La querella de HazteOír cuestiona los criterios aplicados en la instrucción administrativa que regula el acceso a la nacionalidad española para descendientes de ciudadanos españoles, bajo la competencia de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, organismo que encabeza la querellada. La asociación sostiene que la implementación de la norma podría haber incurrido en irregularidades administrativas de carácter penal.

El caso se enmarca en un contexto de creciente litigiosidad en torno a la aplicación de la Ley de Memoria Democrática. Recientemente, otras organizaciones como Iustitia Europa han elevado recursos ante el Tribunal Supremo en relación con el censo electoral derivado de esta misma legislación, solicitando medidas cautelares sobre el proceso.

Tras la recepción del informe de la Fiscalía, la titular del Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid dictará el auto correspondiente para decidir si se abren diligencias previas o si, por el contrario, se desestima la denuncia presentada contra la alta funcionaria del Ministerio de Justicia.