Gibraltar sanciona al primer taxi español por operar sin licencia en el Peñón

El Ministerio de Transporte de Gibraltar ha hecho efectiva la primera sanción económica a un conductor de taxi español por la prestación de servicios en el Peñón sin contar con la autorización preceptiva. La multa, ascendente a 300 libras esterlinas, responde a la falta de licencia otorgada por la Comisión de Transporte de Gibraltar, en cumplimiento de la normativa vigente que regula los servicios públicos de transporte por carretera en la jurisdicción británica.

La intervención se produjo este martes en la zona de Devil’s Tower Road, donde inspectores del ministerio interceptaron un vehículo rotulado como taxi que circulaba fuera de la legalidad local. Tras informar al conductor de la infracción cometida, se procedió a la imposición de una multa fija por el uso de un vehículo de motor para fines de servicio público sin la documentación administrativa correspondiente exigida por las autoridades gibraltareñas.

Desde el Ejecutivo del Peñón han recordado que la normativa que regula el servicio de taxis no ha experimentado cambios tras la eliminación de la Verja. En este sentido, la Policía Real de Gibraltar (Royal Gibraltar Police) y los inspectores de transporte han intensificado los controles en la frontera para impedir la entrada de vehículos de servicio público españoles, instando a los conductores infractores a retornar a España de forma inmediata.

El Gobierno de Gibraltar fundamenta estas acciones en que el acuerdo marco entre la Unión Europea y el Reino Unido no contempla la prestación de servicios transfronterizos de este tipo. Para reforzar el cumplimiento de la ley, se han instalado señales de advertencia en el paso fronterizo informando de que los taxis españoles tienen prohibido el ejercicio de su actividad dentro de los límites del Peñón.

Finalmente, las autoridades gibraltareñas han advertido que las inspecciones continuarán con el fin de garantizar que la exclusividad de la prestación del servicio recaiga en los licenciatarios locales. El Gobierno ha señalado además que estudia elevar la cuantía de las sanciones y ha recordado que la ley otorga potestad para proceder a la confiscación del vehículo o a su expulsión definitiva del territorio en caso de reiteración o gravedad en la infracción.