La eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha intensificado sus críticas hacia la política de vivienda del Gobierno de coalición, calificando de insuficientes las propuestas contenidas en el último decreto del Ejecutivo. Montero ha reclamado la implementación de medidas estructurales que incluyan la intervención de los precios del alquiler y una actuación directa sobre los activos inmobiliarios en manos de grandes tenedores, bajo la premisa de que la actual crisis habitacional exige priorizar el derecho a la vivienda frente a los intereses especulativos.
En recientes intervenciones públicas, la exministra de Igualdad ha defendido que las decisiones sobre su patrimonio personal no invalidan sus postulados políticos ni su capacidad para legislar sobre el sector. Montero sostiene una distinción técnica entre el uso de la propiedad como residencia familiar y la acumulación de bienes con fines de rentabilidad económica, reafirmando que su compromiso con la regulación del mercado inmobiliario permanece inalterado independientemente de su lugar de residencia.
El debate sobre la coherencia de sus propuestas ha reactivado el análisis de su declaración de bienes. Según el registro oficial de 2019, Montero declaró la copropiedad de tres viviendas: el inmueble de Galapagar, adquirido al 50% junto a Pablo Iglesias, y dos propiedades adicionales en Madrid y Ávila recibidas por herencia ese mismo año. El patrimonio declarado incluía también fincas urbanas y rústicas, además de un almacén, todos ellos en régimen de participación al 50% tras el proceso sucesorio.
La operación inmobiliaria de Galapagar, valorada en aproximadamente 615.000 euros en el momento de la compra en 2018, fue financiada mediante un préstamo hipotecario conjunto de 540.000 euros con una entidad de crédito, a liquidar en un plazo de 30 años. Esta adquisición fue sometida en su día a una consulta interna entre la militancia de su formación, que respaldó la continuidad de la dirección con un 68,42% de los votos ante la controversia generada por las características de la propiedad.
Respecto a la evolución de sus activos financieros, la última declaración presentada ante el Boletín Oficial del Estado (BOE) en 2024 refleja un valor de 315.486,85 euros en bienes inmuebles, cifra que computa el valor según los criterios de la administración pública. Asimismo, la representante pública informó de 48.129,21 euros en depósitos bancarios y 50.000 euros en planes de pensiones y seguros de vida, manteniendo un pasivo de 270.000 euros correspondiente a la deuda hipotecaria pendiente.
Finalmente, Montero ha reiterado que el escrutinio ciudadano sobre las decisiones privadas de los cargos públicos es un ejercicio inherente a la responsabilidad política. No obstante, ha insistido en que la urgencia legislativa debe centrarse en la limitación de la capacidad de los fondos de inversión para acumular vivienda, instando al Gobierno a adoptar una posición más firme ante los sectores que operan en el mercado inmobiliario actual.
