La Audiencia Nacional requiere al PSOE el listado de sus contrataciones legales entre 2021 y 2025
El magistrado de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha dictado una providencia por la cual solicita al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) la entrega de una relación detallada de todos los letrados, despachos de abogados y consultorías contratados por la formación, tanto en sus órganos centrales como territoriales, durante el periodo comprendido entre 2021 y 2025. Esta diligencia se enmarca en la instrucción del denominado «caso Leire», que investiga presuntas irregularidades vinculadas al tráfico de influencias y la tramitación de expedientes de nacionalidad.
En la misma resolución, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 ha citado a declarar en calidad de investigado para el próximo 28 de octubre a Nervis Villalobos, exviceministro de Energía Eléctrica de Venezuela. El juez requiere al exdirigente venezolano la aportación de los documentos originales que integraron su solicitud de nacionalidad por la Ley de Memoria Histórica, específicamente el certificado de nacimiento y el pasaporte de su abuela, de origen español.
Asimismo, el magistrado ha acordado tomar declaración como testigos en la misma fecha a dos responsables del Ministerio de Justicia. Comparecerán José Antonio Ruiz de la Hermosa Gutiérrez, actual subdirector general de Nacionalidad y Estado Civil, y María del Mar López Álvarez, quien desempeñó el cargo de subdirectora adjunta de la misma unidad hasta marzo de 2025. El objetivo es esclarecer los pormenores administrativos del expediente del exmandatario venezolano, que fue recabado por la Guardia Civil en la sede del ministerio el pasado mes de junio.
La investigación judicial sostiene que Leire Díez, exmilitante del PSOE, habría actuado como intermediaria para acelerar la concesión de la nacionalidad a Villalobos y facilitar la recuperación de la titularidad de cuentas bancarias en España. Según el sumario, estas gestiones habrían incluido intentos de obtener entrevistas con altos cargos, como el actual gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, y contactos con la eurodiputada Hanna Jalloul. La instrucción analiza también el papel del secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, a quien el juez menciona en relación con la facilitación de la estructura del partido para estos fines.
Otro de los ejes de la causa examina una presunta campaña dirigida a condicionar la actuación del fiscal José Grinda, encargado de otros procedimientos que afectan a Villalobos. El auto judicial refiere que la trama habría intentado utilizar testimonios de terceros para presionar al representante del Ministerio Público en defensa de intereses particulares. Se investiga, además, el posible cobro de 188.000 euros a través de facturas que los investigadores sospechan podrían ser ficticias.
Finalmente, el requerimiento de información al PSOE sobre sus servicios jurídicos externos se produce tras la declaración como investigada de la gerente de la formación, Ana María Fuentes. El juez Pedraz ha solicitado la relación completa de servicios prestados, incluyendo notas de encargo y documentos de justificación, precisando que la entrega deberá respetar el derecho al secreto profesional y la garantía de no autoincriminación de los sujetos consultados.
