La ministra de Vivienda vincula el desahucio de una anciana en Madrid con la falta de control del mercado inmobiliario
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha denunciado este miércoles en el Congreso de los Diputados la situación de vulnerabilidad de una mujer de 87 años, vecina del barrio de Retiro en Madrid, cuyo desahucio está previsto tras un incremento de su renta mensual de 500 a 1.650 euros. Rodríguez ha criticado la postura de la empresa propietaria del inmueble y ha señalado la responsabilidad política de la Comunidad de Madrid en la gestión de la vivienda.
En declaraciones realizadas en los pasillos de la Cámara Baja, la titular de Vivienda ha confirmado que el Ejecutivo ha intentado mediar con la propiedad para evitar el lanzamiento, sin éxito. Según ha expuesto la ministra, la empresa propietaria ha desoído tanto las peticiones de las administraciones públicas como los llamamientos de Naciones Unidas y los movimientos vecinales, anteponiendo el interés económico al carácter social y la permanencia de la inquilina en la vivienda donde reside desde hace 70 años.
Rodríguez ha dirigido sus críticas hacia la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a quien ha acusado de fomentar un entorno favorable para los fondos de inversión y la especulación inmobiliaria. La ministra ha sostenido que las políticas regionales actuales ofrecen una «alfombra roja» a los operadores de mercado, permitiéndoles actuar sin las restricciones necesarias para proteger a la ciudadanía más vulnerable.
Asimismo, la ministra ha calificado la jornada como un «día dramático» y ha instado a las fuerzas políticas de la derecha y la ultraderecha a sentirse interpeladas por las consecuencias de no controlar el mercado de alquiler. En este sentido, ha recordado que el Parlamento tiene en su mano la posibilidad de aprobar medidas definitivas para paralizar este tipo de desahucios.
Para finalizar, Isabel Rodríguez ha instado a los grupos parlamentarios a dar celeridad a la tramitación de las propuestas legislativas que el Gobierno ha puesto sobre la mesa desde el pasado mes de julio. El objetivo de estas medidas, según ha explicado, es prohibir de forma permanente los desahucios de personas en situación de vulnerabilidad y fortalecer la seguridad jurídica de los arrendatarios frente a procesos de especulación salvaje.
