La JEC solicita instrucciones al Supremo para aplicar la suspensión del voto a los nacionalizados por la «ley de nietos»

La Junta Electoral Central (JEC) ha elevado una consulta formal a la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo para solicitar directrices precisas sobre cómo ejecutar la suspensión del derecho al voto de los ciudadanos nacionalizados bajo la denominada «ley de nietos». La petición se fundamenta en la urgencia de los plazos legales que rigen el proceso electoral convocado para el próximo 29 de noviembre.

A través del acuerdo 321/670, el organismo arbitral ha comunicado al Alto Tribunal la necesidad de recibir indicaciones claras para «dar cumplimiento» a los autos judiciales que dictaron la medida cautelar de suspensión. La JEC advierte sobre la «perentoriedad» del calendario electoral, que exige una seguridad jurídica inmediata para el correcto desarrollo de los comicios y la gestión del censo.

En el marco de esta resolución, la JEC ha ordenado el envío de la documentación electoral necesaria a todos los ciudadanos inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA). No obstante, el envío incluye una advertencia específica indicando que los afectados por el auto del Supremo no podrán ejercer su derecho al voto, a pesar de recibir los documentos en sus domicilios de residencia en el extranjero.

La estrategia del organismo electoral busca garantizar que la documentación llegue a tiempo a todos aquellos residentes ausentes que no estén afectados por la suspensión judicial. Al mismo tiempo, la comunicación remitida a la Sección Cuarta de la Sala Tercera del Supremo queda a la espera de que el tribunal considere procedente realizar alguna indicación técnica adicional sobre los plazos y el procedimiento administrativo a seguir.

Esta situación se produce en un escenario de complejidad jurídica, marcado por los recursos de diversas asociaciones que han impugnado la exclusión de estos nuevos ciudadanos del proceso electoral. La resolución de la JEC trata de equilibrar el cumplimiento de las órdenes del Tribunal Supremo con la logística operativa necesaria para una convocatoria electoral inminente.