Jésica Rodríguez se acoge a su derecho a no declarar ante la Audiencia Nacional por el caso Koldo
Jésica Rodríguez, vinculada al exministro de Transportes José Luis Ábalos, ha optado este lunes por no prestar declaración ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno. La investigada estaba citada para comparecer en relación con las presuntas irregularidades en su contratación por parte de las empresas públicas Ineco y Tragsatec, en el marco de la instrucción del denominado «caso Koldo».
La comparecencia, que se ha desarrollado en apenas unos minutos, se produce después de que el magistrado apreciara indicios de delitos de tráfico de influencias y malversación. La investigación judicial busca esclarecer si Rodríguez percibió salarios de fondos públicos sin desempeñar efectivamente las funciones laborales para las que fue contratada, una situación que la Fiscalía Anticorrupción califica como una contratación carente de procesos de selección previos.
Junto a Rodríguez, el juez Moreno también ha citado en calidad de investigados a Joseba García, hermano del exasesor ministerial Koldo García, y a Ignacio Zaldívar, quien fuera director de Gestión Administrativa de ADIF. Según los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Joseba García habría sido el encargado de validar los partes de trabajo de la joven para dar apariencia de legalidad a su actividad laboral en los proyectos de infraestructuras ferroviarias.
La instrucción se apoya en una providencia dictada el pasado 3 de julio, donde el magistrado señalaba que existen hechos probados con una «conexión íntima» entre esta pieza y la sentencia del Tribunal Supremo sobre la trama de las mascarillas. Según consta en las investigaciones, Rodríguez habría percibido un total de 45.000 euros por sus servicios en Ineco y Tragsatec entre los años 2019 y 2021, periodo en el que, paralelamente, realizó al menos 13 viajes acompañando al entonces ministro Ábalos sin que consten permisos laborales oficiales.
Los mensajes intervenidos por los investigadores sugieren que la expresidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera, habría mantenido comunicaciones con Koldo García relativas a la situación contractual de la joven. En estas comunicaciones se mencionan gestiones directas para facilitar su entrevista de trabajo y la posterior renovación de sus contratos, incluso cuando existían dudas internas sobre la viabilidad de su continuidad en los proyectos asignados.
Con la jornada de este lunes, el Juzgado Central de Instrucción número 2 continúa avanzando en la determinación de las eventuales responsabilidades penales derivadas de lo que los investigadores consideran una estructura de «puestos fantasma» sufragados con dinero público. La decisión de Rodríguez de guardar silencio supone el ejercicio de su derecho constitucional, mientras la causa sigue su curso con el análisis de la documentación remitida por las empresas públicas y los testimonios de los responsables de recursos humanos.
