JJpD insta al CGPJ a investigar presuntas escuchas a magistrados de la Audiencia Nacional

El Secretariado de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) ha solicitado formalmente al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la apertura de una investigación para esclarecer la posible colocación de sistemas de escucha y espionaje en dependencias judiciales. La petición surge tras las recientes declaraciones del comisario Manuel Morocho durante el juicio del denominado «caso Kitchen», donde sugirió la existencia de vigilancias ilícitas sobre magistrados de la Audiencia Nacional.

La asociación profesional considera que el testimonio del agente, de confirmarse, representaría una práctica ilícita de extrema gravedad. Según el comunicado emitido por JJpD, estos hechos no solo vulnerarían los derechos fundamentales de los integrantes de la judicatura, sino que comprometerían la seguridad e integridad del trabajo judicial, evidenciando una presunta voluntad de interferir en las investigaciones de los tribunales.

En su argumentación, JJpD subraya que, al provenir la información de un alto cargo policial en sede judicial, es imperativo que el órgano de gobierno de los jueces actúe para asegurar la independencia del poder judicial. La organización enfatiza que el CGPJ debe aclarar si hubo intentos por parte del Gobierno o de funcionarios policiales de inmiscuirse, obstruir o entorpecer la labor de los magistrados mediante el espionaje de sus despachos o comunicaciones.

La solicitud institucional plantea que, en caso de que la investigación interna constate la realidad de dichas vigilancias, los hechos sean puestos de inmediato en conocimiento del Ministerio Fiscal. El objetivo es que se activen los mecanismos legales necesarios para exigir las responsabilidades penales o administrativas que correspondan por lo que califican como una «gravísima actuación ilegal».

Finalmente, Juezas y Jueces para la Democracia ha reiterado que el Estado de Derecho debe garantizar que el Poder Judicial ejerza sus funciones sin injerencias externas, ya sean gubernamentales, policiales o de cualquier otra índole. La asociación defiende que la labor judicial no puede verse perjudicada por grupos de presión ni por otros poderes del Estado, instando al CGPJ a adoptar medidas precisas para salvaguardar el ordenamiento jurídico.