La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, María Tardón, ha asumido formalmente la investigación sobre el asalto migratorio a la ciudad autónoma de Ceuta ocurrido los días 30 y 31 de julio. La magistrada, tras contar con el visto bueno de la Fiscalía, aprecia indicios de delitos que comprometen la paz y la independencia del Estado, centrando las pesquisas en la posible vulneración de la integridad territorial de España.
Como medida preventiva para garantizar el éxito de la instrucción, la jueza Tardón ha decretado la apertura de una pieza separada de carácter secreto. Esta decisión jurídica busca salvaguardar diligencias sensibles y evitar posibles injerencias o la desaparición de documentos clave por parte de actores con capacidad de influencia en la administración. Según expertos procesalistas, esta fórmula facilita la práctica de pruebas que podrían involucrar a altos cargos gubernamentales o responsables policiales en calidad de testigos.
La instrucción se apoya en un informe elaborado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (Cenif) de la Policía Nacional. Dicho documento revela la existencia de una «planificación previa» y sostiene que agentes de Marruecos, tanto uniformados como de paisano, guiaron de forma activa la entrada masiva en territorio español. El informe policial describe una situación de «total permisividad» por parte de las autoridades del país vecino, utilizando los flujos migratorios como «cobertura» para una acción que el auto judicial califica de ataque grave a la integridad territorial garantizada por el artículo 2 de la Constitución.
En el ámbito institucional, la causa judicial pone de relieve las contradicciones en el seno del Ejecutivo. Mientras el presidente del Gobierno definió inicialmente lo sucedido como un método de «guerra híbrida», la postura oficial actual se inclina por evitar un conflicto diplomático con Rabat a falta de lo que consideran «pruebas sólidas». No obstante, el auto de la Audiencia Nacional subraya que la conducta investigada atentó contra la vida y los derechos de los ciudadanos de Ceuta mediante el uso de entradas masivas irregulares.
Paralelamente, el Tribunal Supremo ha abierto diligencias para esclarecer si el Gobierno recibió alertas previas al asalto. Esta vía de investigación surge tras las versiones contradictorias ofrecidas por los titulares de Defensa e Interior. La ministra Margarita Robles defendió que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) compartió información reservada con las fuerzas de seguridad antes del incidente, mientras que Fernando Grande-Marlaska ha mantenido una tesis contraria, cuestionando la labor de los servicios de inteligencia en este episodio.
El Tribunal Supremo ha otorgado un plazo de cinco días a la Presidencia del Gobierno para remitir el expediente administrativo relacionado con la crisis. Por su parte, el Consejo de Ministros tiene previsto proceder esta semana a la desclasificación y publicación de los informes disponibles sobre los hechos, cumpliendo con el compromiso adquirido por el jefe del Ejecutivo ante el Congreso de los Diputados para aportar transparencia a la gestión de la crisis fronteriza.
