La Audiencia Nacional investiga la crisis de Ceuta y rechaza la personación de SALF por «instrumentalización política»
La magistrada de la Audiencia Nacional, María Tardón, ha dictado un auto por el cual acuerda iniciar una investigación formal sobre la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta ocurrida los días 30 y 31 de julio. En la misma resolución, la jueza ha denegado la personación de la agrupación «Se Acabó la Fiesta» (SALF), liderada por Luis Alvise Pérez, al considerar que su denuncia busca una «instrumentalización política» del proceso judicial sin aportar fundamentos jurídicos sólidos para sus acusaciones.
La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 sostiene que la pretensión de SALF de imputar delitos de lesa humanidad al rey de Marruecos, Mohamed VI, y a altos cargos de su Gobierno carece de la «menor justificación ni explicación». Según el auto judicial, el ejercicio de la acción penal por parte de esta formación resulta contrario a los principios del proceso penal, calificándolo como una maniobra ajena a los fines estrictamente jurisdiccionales.
Por el contrario, la jueza ha aceptado la personación como acusación popular de otras siete entidades y formaciones: Partido Popular, Vox, Hazte Oír, Iustitia Europa, Libertad y Justicia, la asociación animalista Zeolandia y el partido Vamos España. No obstante, la magistrada ha otorgado un plazo de cinco días para que estas partes designen una representación y defensa unificada. En caso de no alcanzar un acuerdo, la dirección del caso recaerá en Iustitia Europa por ser la primera entidad en interponer la denuncia inicial.
La investigación se fundamenta en la existencia de indicios de delitos que comprometen la paz o la independencia del Estado. La magistrada advierte que la entrada de miles de personas podría constituir un «ataque grave contra la integridad territorial de España», subrayando la especial vulnerabilidad y relevancia estratégica de Ceuta y Melilla en la Estrategia de Seguridad Nacional.
El tribunal se apoya en un informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (Cenif) de la Policía Nacional, que describe una «guía activa» por parte de miembros de las fuerzas de seguridad marroquíes hacia la frontera española. El documento policial sugiere que los hechos no pueden ser considerados un fenómeno espontáneo o aislado, sino una acción coordinada que requiere una instrucción penal profunda.
Finalmente, la magistrada ha ordenado la apertura de una pieza separada de carácter secreto para proteger el avance de las diligencias, que abarcan presuntos delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, organización criminal y homicidios imprudentes. La causa busca esclarecer las responsabilidades derivadas de una crisis que la Fiscalía ya ha reconocido bajo la competencia de la Audiencia Nacional por su potencial afectación a los intereses generales del Estado.
