La justicia cita a Alberto González Amador como testigo en la causa contra Miguel Ángel Rodríguez
La titular del Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid ha citado a declarar en calidad de testigo a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Esta decisión se enmarca en la investigación abierta contra Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la mandataria regional, por la presunta revelación de información personal de dos periodistas.
La providencia judicial, adoptada tras una petición cursada por el PSOE —cuya querella originó el procedimiento—, se fundamenta en las declaraciones previas realizadas por el propio Rodríguez el pasado mes de mayo. En aquella comparecencia, el investigado reconoció haber identificado a los redactores a través de una fotografía que le fue remitida por González Amador. Según la versión ofrecida por el jefe de gabinete, la imagen fue captada y enviada originalmente por un «vecino enfadado» con la presencia de los medios en las inmediaciones del domicilio de la presidenta.
Aunque la magistrada aún no ha fijado una fecha concreta para la comparecencia, el auto estima necesario el testimonio de González Amador para esclarecer el flujo de la información que posteriormente fue difundida en un chat de comunicadores. El centro de la investigación radica en determinar si la difusión de dichos datos personales y profesionales constituyó un delito de revelación de secretos o si, por el contrario, se trató de una comunicación interna sobre un altercado vecinal.
Durante su declaración como investigado, Miguel Ángel Rodríguez negó cualquier irregularidad y descartó que la Policía le hubiera facilitado información sobre los periodistas afectados. Rodríguez sostuvo que ya conocía a los profesionales implicados y que su intención al compartir los datos fue alertar de que los informadores «estaban molestando a los vecinos y a menores de edad» en el entorno privado de la jefa del Ejecutivo madrileño.
La instrucción judicial prosigue así con la práctica de nuevas diligencias para verificar la trazabilidad de la información compartida y el papel de los distintos actores en la difusión de los datos personales que motivaron la querella inicial.
