La Justicia amplía la investigación contra el jefe de Costas en Cantabria por el accidente mortal de El Bocal

La magistrada encargada de la instrucción del accidente de la pasarela de El Bocal, en Santander, ha dictado un auto por el cual se amplía la acción penal contra el jefe de la Demarcación de Costas en Cantabria, José Antonio Osorio. La decisión judicial se fundamenta en la presunta inexistencia de un plan de conservación y mantenimiento de la infraestructura que colapsó en marzo pasado, provocando el fallecimiento de seis jóvenes y heridas de gravedad a una séptima persona.

Hasta el momento, el responsable de la Demarcación de Costas figuraba como investigado en calidad de director facultativo de las obras de construcción de la senda costera, desarrolladas entre los años 2014 y 2015. Con esta nueva resolución, la instructora extiende su responsabilidad penal a su cargo como máximo responsable del organismo administrativo titular de la vía, al considerar que la administración omitió su deber de implementar protocolos de inspección una vez la infraestructura fue abierta al uso público.

La magistrada sustenta su decisión en las recientes diligencias periciales, donde diversos expertos coincidieron en señalar que el proyecto técnico carecía de un sistema de gestión de infraestructuras adecuado. Según el auto, resulta «lógico y exigible» que una construcción de madera situada en un entorno litoral, expuesta de forma continuada a agentes ambientales agresivos, cuente con un calendario estricto de revisiones preventivas y correctivas.

Durante las comparecencias judiciales, el perito judicial tomó como referencia los estándares de la Red General de Carreteras y los protocolos de puentes de madera de otras comunidades autónomas, que establecen inspecciones básicas anuales y revisiones estructurales profundas cada pocos años. En el caso de El Bocal, la instructora señala que, tras la finalización de las obras en mayo de 2015, no consta que se pusiera en marcha mecanismo alguno de control sobre la pasarela, la cual permaneció abierta sin restricciones hasta el momento del siniestro.

La investigación trata de determinar ahora si la ausencia de estas labores de mantenimiento guarda una relación causal directa con el deterioro estructural que derivó en el colapso del puente. A Osorio, junto a otros dos funcionarios de Costas también investigados, se les imputa la posible comisión de seis delitos de homicidio por imprudencia grave.

El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha informado de que el auto no es firme. Las partes personadas en el proceso disponen de un plazo de tres días para interponer un recurso de reforma ante el propio juzgado, o bien de cinco días para presentar un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial.