La Audiencia Nacional solicita al Gobierno la desclasificación de informes del CNI sobre la entrada masiva en Ceuta
La magistrada de la Audiencia Nacional, María Tardón, ha elevado una exposición razonada al Consejo de Ministros solicitando la desclasificación de diversos informes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) vinculados a la entrada masiva irregular en Ceuta ocurrida a finales de julio. La instructora requiere formalmente al Ejecutivo la entrega de esta documentación en un plazo máximo de 15 días naturales para avanzar en el esclarecimiento de los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes en el marco de la investigación judicial.
La solicitud judicial se centra en las notas e informes elaborados por los servicios de inteligencia y difundidos a las autoridades a partir del 30 de julio, específicamente aquellos referidos a los acontecimientos de los días 30 y 31 de julio de 2026. La juez Tardón reclama, de manera particular, toda la información clasificada relativa a la actuación de las autoridades del Reino de Marruecos hasta la fecha actual, así como el listado detallado de los cargos públicos que recibieron las notas técnicas de inteligencia en los días previos al asalto fronterizo.
En su requerimiento, la magistrada exige identificar a los receptores de las comunicaciones del 27 y 30 de julio, junto con cualquier otra notificación remitida con posterioridad. Esta petición incluye la obligación de aportar certificaciones que acrediten la recepción efectiva de dichos documentos por parte de las autoridades competentes, precisando fecha y hora del envío. El objetivo de esta diligencia es reconstruir con exactitud la cadena de información institucional y determinar qué organismos estaban al tanto de la situación en la frontera ceutí.
Según la exposición razonada, la información solicitada es considerada «indispensable» para la investigación y la averiguación de la verdad material. La juez subraya que el acceso a estos datos no compromete la seguridad del Estado, argumentando que dicha seguridad ya se vio vulnerada por el propio asalto a la frontera. El procedimiento judicial busca identificar la autoría de ese ataque y evaluar si las autoridades españolas conocían de antemano la convocatoria de la entrada masiva y qué decisiones se adoptaron en consecuencia.
La instructora destaca que el deber constitucional de colaboración con la Administración de Justicia adquiere su «máxima intensidad» en este supuesto, dado que no existen fuentes alternativas para obtener estas pruebas. Tardón aclara que la clasificación de información como materia secreta o reservada no representa un obstáculo jurídico absoluto para la acción jurisdiccional cuando resulta necesaria para perseguir hechos presuntamente delictivos y garantizar el ejercicio efectivo de la potestad atribuida a jueces y tribunales.
Todo el material resultante de esta desclasificación será incorporado a la pieza separada del caso, la cual se mantiene actualmente bajo secreto de sumario. La resolución judicial enfatiza que el conocimiento de estas notas permitirá determinar qué medidas se omitieron a partir de la información disponible y cuál fue el papel desempeñado por el Reino de Marruecos durante el incidente, aportando claridad sobre una crisis que afectó la integridad territorial del Estado.
