La Sección Penal del Tribunal de Instancia de Castellón ha iniciado este viernes la vista oral por el denominado «caso Bar España», un proceso judicial en el que se juzga a seis personas acusadas de difundir informaciones falsas que vinculaban a autoridades y funcionarios públicos con una supuesta red de pederastia. En la sesión de cuestiones previas, los abogados defensores han solicitado la prescripción de los delitos de calumnias, injurias y contra la integridad moral, una petición sobre la que el magistrado ha anunciado que se pronunciará en la sentencia definitiva.
El juicio, que ha comenzado con casi dos horas de retraso debido a problemas técnicos en la red de internet de la sede judicial, aborda la difusión de un bulo que desde el año 1998 atribuía falsamente a diversos cargos públicos su participación en una organización criminal con base en un local de Benicarló. Además de las seis personas físicas encausadas, el proceso incluye al editor de un medio digital en calidad de responsable civil.
Durante el desarrollo de la jornada, el Ministerio Fiscal ha comunicado su intención de modificar las conclusiones provisionales para considerar que los delitos contra la integridad moral se cometieron de forma continuada. Esta postura ha encontrado la oposición técnica de las defensas, quienes también han cuestionado la legitimación activa de la Fiscalía para intervenir en delitos de injurias y calumnias cuando estos afectan a particulares, cuestión que será resuelta por el tribunal el próximo martes.
La modalidad de las comparecencias ha centrado gran parte del debate procesal. Tanto la Fiscalía como el resto de las partes han criticado que varios de los acusados presten declaración por videoconferencia en lugar de comparecer presencialmente en la sala. En este contexto, el juez ha rechazado la solicitud de un abogado de la defensa para que el expresidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, declare como testigo de forma presencial, manteniendo su intervención telemática.
Asimismo, se ha informado de que otros testigos de relevancia, entre ellos el expresidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, han solicitado no comparecer alegando motivos de salud. A petición del fiscal, el juez ha determinado que estos testigos deberán declarar por videoconferencia o, en su defecto, presentar la documentación médica necesaria que justifique su imposibilidad de participar para que el tribunal pueda valorarlo.
Uno de los momentos destacados de la sesión se produjo cuando el juez recriminó a uno de los acusados que seguía la vista por videoconferencia tras desaparecer su imagen de la pantalla en dos ocasiones. Al finalizar la jornada, dicho encausado manifestó ante los medios de comunicación su arrepentimiento, pidiendo disculpas a las víctimas y asegurando que desconocía el alcance que tendrían las informaciones difundidas a través de su canal de internet.
Por su parte, los letrados de la defensa han insistido en la existencia de defectos procesales en la causa, argumentando que la agrupación de diferentes procedimientos en un solo juzgado ha derivado en la prescripción de los delitos. Igualmente, han calificado de desproporcionadas las peticiones de hasta 40 años de cárcel, señalando que, a pesar de la relevancia pública de los afectados, no se cumplen los requisitos legales para tales penas en delitos de carácter privado.
Está previsto que el juicio continúe en las próximas jornadas con la declaración de más de 30 testigos, incluyendo a diversos dirigentes políticos que ocuparon responsabilidades institucionales en la Generalitat Valenciana y la Diputación de Castellón durante el periodo en que se propagaron las informaciones objeto de litigio.
