La Audiencia Nacional inicia el primer juicio del ‘caso Lezo’ por la compra de Inassa
La Audiencia Nacional ha dado comienzo este lunes a la vista oral del primer juicio derivado de la investigación del denominado ‘caso Lezo’. El proceso se centra en las presuntas irregularidades cometidas durante la adquisición de la sociedad colombiana Inassa por parte del Canal de Isabel II en el año 2001, una operación que, según la Fiscalía Anticorrupción, supuso un sobreprecio injustificado para las arcas públicas de entre 19 y 29 millones de euros.
En el banquillo de los acusados se sientan 22 personas, entre las que destacan ex altos cargos de la Comunidad de Madrid durante la etapa de Alberto Ruiz-Gallardón. Entre los procesados figuran los exconsejeros del Gobierno regional Juan Bravo Rivera y Pedro Calvo, así como el que fuera presidente de la Cámara de Cuentas y gerente del Canal de Isabel II, Arturo Canalda. El Ministerio Público solicita para los principales implicados penas que oscilan entre los seis y los siete años de prisión.
A pesar de ser la figura central de la investigación matriz, el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, no figura entre los acusados en esta pieza específica. El juez instructor acordó en 2019 el archivo de las actuaciones contra él en lo referente a la compra de Inassa. No obstante, González, quien permaneció seis meses en prisión preventiva tras su detención en 2017, tiene previsto enfrentarse a la justicia el próximo mes de octubre por otra de las ramificaciones de la trama Lezo.
La tesis de la Fiscalía Anticorrupción sostiene que la compra del 75% de Inassa, aprobada el 29 de noviembre de 2001 por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid por un importe de 73 millones de dólares, se ejecutó con un «sobreprecio indebido». Según el escrito de conclusiones provisionales, la operación se realizó sin motivos que la justificasen y con el objetivo de beneficiar exclusivamente a los vendedores a costa de los fondos públicos cuya custodia correspondía a los gestores del Canal.
Este juicio llega más de diez años después del inicio de las investigaciones judiciales. El tribunal ha programado sesiones de mañana y tarde con la previsión de que la vista se prolongue, inicialmente, hasta el próximo 8 de octubre. El calendario judicial, sin embargo, queda supeditado al desarrollo de las declaraciones de los acusados y los testigos previstos en el procedimiento.
La resolución de esta pieza separada supone el primer paso en el enjuiciamiento de una de las tramas de presunta corrupción pública con mayor repercusión institucional en la Comunidad de Madrid, centrada en la gestión de la empresa pública de aguas y su expansión en el mercado latinoamericano durante las últimas dos décadas.
