El grupo parlamentario Sumar ha ratificado su decisión de mantener la estabilidad de la coalición de Gobierno tras las recientes diligencias de la Guardia Civil en la sede central del PSOE. Pese a calificar de «grave» la situación procesal que afecta a su socio principal, la formación liderada por Yolanda Díaz ha establecido como «línea roja» la existencia de una sentencia judicial firme antes de considerar cualquier ruptura parlamentaria que pudiera precipitar un adelanto electoral.
La estrategia oficial adoptada por las distintas fuerzas que integran Sumar —incluyendo a Más Madrid, Izquierda Unida, Comunes y Compromís— consiste en evitar que se les identifique como responsables del fin prematuro de la legislatura. Según fuentes parlamentarias, la consigna de la dirección es «aguantar» y permitir que el Partido Socialista gestione el desgaste derivado de las investigaciones, mientras el grupo plurinacional intenta reorientar el debate político hacia la agenda social, con el foco puesto en la vivienda y la cesta de la compra.
No obstante, la cohesión interna en torno a esta postura no es unánime. En las dependencias del Congreso se percibe una creciente inquietud entre los cuadros medios y ciertos sectores críticos, especialmente en las filas de Más Madrid e Izquierda Unida. Estas facciones apelan a una «cuestión moral» y advierten sobre el riesgo electoral de mantener una connivencia prolongada con el Ejecutivo ante los indicios de presunta corrupción, especialmente ante la aparición de otras opciones políticas que podrían capitalizar el desencanto del electorado progresista.
La entrada de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) en la calle Ferraz el pasado miércoles ha intensificado la vigilancia sobre la posible financiación irregular del PSOE. Aunque desde Sumar se ha matizado que las pesquisas actuales se enmarcan en el caso Leire Díez y la presunta existencia de grupos de presión, existe un temor latente ante posibles evidencias que pudieran dibujar un esquema de financiación ilegal que involucre a figuras de relevancia dentro del partido del Gobierno.
Desde la oposición, el Partido Popular ha cuestionado la integridad de los socios de investidura, sugiriendo que su inacción equivale a una participación indirecta en las irregularidades investigadas. El líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, ha instado a los grupos que apoyan a Pedro Sánchez a retirar su confianza al Ejecutivo. Como respuesta, los socios de coalición han retado a la oposición a presentar una moción de censura si consideran que el Gobierno carece de legitimidad.
A pesar de la parálisis legislativa y el incremento de la presión judicial, el presidente del Gobierno ha reiterado su voluntad de agotar el término natural de la legislatura en 2027. Por su parte, la cúpula de Sumar y sus ministros han emitido una orden de «esperar y ver», supeditando cualquier movimiento político de calado a la evolución de los procedimientos judiciales y a la aparición de pruebas concluyentes que superen la fase de meras sospechas o indicios preliminares.
