La Audiencia Nacional juzga a dos policías por presunto acoso sexual y laboral en la Embajada de Argelia

La Audiencia Nacional ha iniciado este miércoles el juicio contra dos agentes del Cuerpo Nacional de Policía acusados de presunto acoso laboral y sexual a una compañera de dotación en la Embajada de España en Argelia. El Ministerio Fiscal solicita penas de nueve años y medio y seis años de prisión para los procesados, respectivamente, por unos hechos que se remontan al periodo comprendido entre finales de 2022 y mediados de 2023.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, los incidentes comenzaron tras la incorporación de los acusados al equipo de seguridad de la legación diplomática. El Ministerio Público sostiene que la víctima fue objeto de comentarios soeces y proposiciones de carácter sexual de forma recurrente. Entre los episodios descritos se incluye una agresión en la que uno de los acusados presuntamente inmovilizó a la agente contra una pared con intención libidinosa, mientras profería frases obscenas.

El relato acusatorio destaca la participación diferenciada de los dos procesados. Uno de ellos, que ejercía como jefe del equipo y superior jerárquico, está acusado de mantener una actitud «totalmente pasiva y complaciente» ante los hechos, llegando a ignorar las peticiones de ayuda de la víctima. El fiscal sostiene que, lejos de intervenir, este acusado habría permitido que persistiera el clima de hostigamiento hacia la subordinada.

La situación derivó en un presunto acoso laboral sistemático después de que la policía argelina elaborara un informe sobre un incidente en un establecimiento de hostelería, lo que motivó la apertura de una información reservada. A partir de ese momento, la agente comenzó a recibir un trato discriminatorio en la asignación de turnos, siendo destinada a los puestos más incómodos con mayor frecuencia que el resto de sus compañeros y sufriendo la revocación de vacaciones previamente autorizadas.

Como consecuencia de estos hechos, los dos policías fueron cesados de sus destinos y se les abrieron expedientes disciplinarios por parte de la Dirección General de la Policía. La víctima, por su parte, padece un trastorno de adaptación con ansiedad persistente derivado de la situación vivida en el ejercicio de sus funciones en el extranjero.

Además de las penas privativas de libertad, la Fiscalía solicita la aplicación de la agravante de prevalimiento, dada la condición de superioridad jerárquica de uno de los agentes. Las peticiones incluyen la inhabilitación para cargo o empleo público durante diez años para uno de los acusados y seis años y medio para el otro, así como una indemnización de 25.000 euros en concepto de daños morales y lesiones psicológicas, y la prohibición de comunicación o aproximación a la víctima durante cuatro años.