Junts rechaza los decretos de vivienda del Gobierno y compromete su convalidación en el Congreso
La formación Junts per Catalunya ha manifestado su firme oposición a los dos reales decretos-ley en materia de vivienda que el Gobierno de Pedro Sánchez someterá a votación este jueves en el Congreso de los Diputados. A escasas veinticuatro horas de la sesión plenaria, el grupo parlamentario ha calificado de «suicidio» la aprobación de unos textos que, a su juicio, vulneran competencias autonómicas, generan inseguridad jurídica y no incorporan las demandas esenciales de su formación.
El rechazo de Junts se fundamenta, principalmente, en la denuncia de una invasión de las competencias exclusivas de la Generalitat de Cataluña en vivienda y servicios sociales. Según fuentes de la formación, la normativa obliga a la administración autonómica a asumir cargas financieras derivadas de decisiones estatales. En concreto, critican que si un inquilino vulnerable incurre en impago, la comunidad autónoma deba saldar la deuda con el propietario en un plazo de dos meses, convirtiéndose en deudora sin recibir compensación por los intereses por parte del Estado.
Desde la perspectiva jurídica, Junts sostiene que el decreto incurre en «inseguridad jurídica pura» al limitar las compras de viviendas sin especificar las consecuencias de su incumplimiento ni prever sanciones. Asimismo, denuncian que el texto resucita disposiciones de reales decretos que ya fueron derogados previamente por la Cámara Baja, lo que consideran una desatención a las decisiones del poder legislativo. También han señalado la posible inconstitucionalidad de modificar elementos esenciales del IRPF mediante decreto-ley, citando jurisprudencia previa del Tribunal Constitucional.
La formación independentista ha criticado también el carácter de «decreto ómnibus» de la iniciativa, un formato que agrupa materias heterogéneas como vivienda, seguros e impuestos municipales, lo que impide una votación diferenciada o la introducción de enmiendas durante la convalidación. Junts lamenta que el Gobierno haya dejado fuera sus propuestas fundamentales, entre las que destacan la deducción por compra de vivienda, la creación de cuentas ahorro vivienda y la reducción del IVA al 5% para el sector.
Finalmente, el grupo parlamentario ha cuestionado la urgencia de las medidas, señalando que parte de ellas no entrarían en vigor hasta el año 2027. Con esta posición, la convalidación de los decretos queda en una situación de extrema fragilidad parlamentaria, obligando al Ejecutivo a una negociación de última hora para evitar que las normas sean derogadas por el Pleno del Congreso, lo que supondría un revés legislativo significativo para el gabinete de Pedro Sánchez.
