Un juzgado de Madrid acumula las causas contra Tezanos y fija una fianza de 6.000 euros para el PP

La Sección de Instrucción número 21 del Tribunal de Instancia de Madrid ha acordado la acumulación de dos procedimientos judiciales dirigidos contra el presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos. En el mismo auto, la magistrada Coro Monreal Huerta ha impuesto al Partido Popular una fianza de 6.000 euros para formalizar su personación como acusación popular en la causa, que investiga la presunta comisión de un delito de prevaricación administrativa.

La decisión judicial implica la aceptación de la inhibición acordada previamente por la Sección de Instrucción número 49, cuyas diligencias previas se incorporarán ahora al proceso principal. La magistrada argumenta en su resolución que el relato de los hechos en ambos expedientes es coincidente, lo que hace procedente la unificación de las actuaciones bajo un mismo órgano instructor para garantizar la coherencia del procedimiento.

En relación con la participación del Partido Popular en la causa, la juez ha recordado que el ejercicio de la acción popular conlleva legalmente la prestación de una fianza. El auto califica la cuantía de 6.000 euros como una cifra «proporcionada y equitativa» que no impide el acceso a la tutela judicial efectiva. La formación política dispone de un plazo de ocho días naturales, a contar desde la notificación de la resolución, para consignar dicho importe en metálico ante el juzgado.

El origen del litigio se remonta a la querella presentada por los populares el pasado mes de marzo, en la que se atribuye a Tezanos una supuesta manipulación deliberada de las encuestas del CIS para favorecer los intereses electorales del PSOE. Según el escrito de acusación, el organismo público habría incurrido en una sobrerrepresentación de las formaciones de izquierda en 37 de los últimos 40 procesos electorales analizados desde el año 2018, con el presunto objetivo de influir en la voluntad de los votantes.

Por su parte, el presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas ha rechazado públicamente estas acusaciones, defendiendo la profesionalidad del organismo y la validez técnica de su metodología demoscópica. En manifestaciones previas, la institución ha sostenido que las críticas recibidas forman parte de una campaña para desacreditar su labor científica y ha negado cualquier irregularidad en el tratamiento de los datos o en la elaboración de los índices de estimación de voto.