El Departamento de Justicia de EE. UU. defiende la restricción de acceso a medios en la Casa Blanca por seguridad nacional
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha presentado una defensa formal ante los tribunales para respaldar la decisión de la Administración de restringir el acceso de periodistas de las cadenas CNN, MS NOW y el medio Politico a determinadas áreas de la Casa Blanca. Según el documento oficial, la medida se fundamenta en la protección de la seguridad nacional y en el presunto incumplimiento de estándares profesionales por parte de los reporteros afectados.
La cartera de Justicia argumentó que el acceso al complejo presidencial constituye un «privilegio y no un derecho», subrayando que el edificio funciona simultáneamente como residencia y centro operativo del comandante en jefe de la nación. El Gobierno sostiene que la cobertura realizada sobre el conflicto con Irán y los trabajos de remodelación en la sede gubernamental supusieron un riesgo que justifica la limitación de movimientos de la prensa en zonas sensibles como el Despacho Oval.
En el escrito presentado, la Administración asegura que el presidente determinó que los medios sancionados no cumplieron con los estándares mínimos de «profesionalidad y decoro» exigidos para permanecer en el complejo, citando la publicación de información sensible o clasificada. El Departamento de Justicia defiende que estas consideraciones de seguridad superan las protecciones habituales de la Primera Enmienda en materia de libertad de prensa bajo las circunstancias actuales.
La defensa legal también rechaza que las acciones del Ejecutivo tengan una naturaleza «vengativa» por las críticas recibidas. Para sustentar esta postura, el documento indica que otros medios de comunicación que mantienen una línea editorial crítica con la gestión presidencial conservan intacto su acceso. Según el Gobierno, la decisión responde exclusivamente a incidentes específicos que habrían comprometido la seguridad del Estado.
Como respuesta al veto, las cadenas CBS, FOX News, NBC y ABC expresaron su solidaridad con los medios afectados, suspendiendo temporalmente algunas de sus actividades de cobertura en la Casa Blanca. Paralelamente, el presidente ha continuado con sus críticas públicas hacia la prensa, dirigiendo descalificaciones personales contra periodistas específicos y cuestionando la imparcialidad del juez federal Timothy Kelly, encargado de dirimir el caso.
El magistrado Kelly, quien fue nombrado por el propio mandatario y ya falló en contra de la Administración en una disputa similar en 2018, deberá ahora evaluar los argumentos presentados. Este nuevo conflicto jurídico coincide con la estrategia de la Casa Blanca de diversificar sus canales de comunicación directa, incluyendo el lanzamiento de plataformas propias de difusión de contenidos informativos.
