Koldo García Izaguirre, quien fuera asesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, ha comparecido ante el Tribunal Supremo para detallar su papel en la gestión de los contratos de suministro de material sanitario durante el inicio de la pandemia en marzo de 2020. En su declaración, García ha reconocido que actuó como receptor y facilitador de diversas ofertas comerciales, remitiendo las propuestas de la empresa Soluciones de Gestión a distintos departamentos ministeriales y administraciones autonómicas que finalmente contrataron con la mercantil vinculada a Víctor de Aldama.
El exasesor ha afirmado que su intervención se produjo en un contexto de alta demanda, asegurando que «todos los ministerios» conocían su capacidad para contactar con proveedores y le solicitaban gestiones para localizar material de protección. Según su testimonio, su labor consistió en reenviar las ofertas que recibía en su correo electrónico a sus contactos en otras carteras, incluyendo el Ministerio del Interior y el de Sanidad, así como a los Gobiernos de Canarias y Baleares, administraciones que terminaron adjudicando contratos a la trama bajo investigación.
Uno de los puntos clave del interrogatorio ha versado sobre la entrega física de la oferta de Soluciones de Gestión al subsecretario de Estado de Transportes, Jesús Gómez. Koldo García ha admitido que llevó personalmente dicha propuesta al despacho del alto cargo, aunque ha matizado que no fue la única oferta que entregó en mano. Esta versión contrasta con la ofrecida previamente por Gómez ante la misma Sala, quien sostuvo que aquella fue la única propuesta recibida por esa vía y que sirvió de base para el pedido oficial de Puertos del Estado.
La fiscalía ha cuestionado la coincidencia exacta entre la oferta presentada por la empresa el 16 de marzo y el pedido de ocho millones de mascarillas que Puertos del Estado formalizó días después. García ha justificado esta sincronía alegando que la necesidad de material era de conocimiento generalizado en las administraciones públicas. A preguntas sobre si la empresa conocía de antemano los términos específicos de la licitación, el investigado ha respondido que considera probable que así fuera, dada la situación de emergencia del mercado en aquel momento.
Respecto al volumen de la operación, el exasesor ha declarado no recordar por qué el pedido inicial de cuatro millones de unidades se duplicó hasta los ocho millones finales, aunque ha subrayado que su intención era conseguir la mayor cantidad posible de material. García ha destacado también las dificultades logísticas de aquellas semanas, describiéndolas como un «infierno burocrático» que obligó a adoptar medidas excepcionales, como el transporte de cajas de mascarillas en los asientos de pasajeros de aviones comerciales para optimizar la carga, contraviniendo las normas ordinarias de seguridad aérea.
Finalmente, García ha enmarcado su relación con Víctor de Aldama exclusivamente en la condición de este como asesor de la aerolínea Air Europa, justificando los contactos frecuentes para la coordinación de los vuelos de suministro desde China. El exasesor, para quien se solicitan penas que suman 19 años de prisión, ha mantenido que su actuación estuvo motivada por la urgencia sanitaria y la necesidad de agilizar los trámites ante la embajada y el consulado del país asiático para asegurar la llegada del material a España.
