Díaz Ayuso vincula la presidencia del Gobierno con la presunta trama de irregularidades en la compra de mascarillas
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha responsabilizado este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por los hechos investigados en el marco de la presunta trama de corrupción en la compra de material sanitario durante la pandemia. En una comparecencia pública, la mandataria autonómica ha sostenido que el silencio mantenido por el jefe del Ejecutivo ante las recientes revelaciones judiciales le sitúa en una posición de culpabilidad política.
Díaz Ayuso ha realizado estas declaraciones desde el municipio de Tres Cantos, durante la inauguración de las obras de ampliación de la carretera M-607. La intervención se produce tras las comparecencias ante el Tribunal Supremo del empresario Víctor de Aldama, el exministro José Luis Ábalos y el exasesor Koldo García, todos ellos investigados por su presunta implicación en la adjudicación de contratos públicos de suministros médicos.
La jefa del Ejecutivo regional ha afirmado que las declaraciones de Aldama confirman informaciones que, a su juicio, eran de conocimiento público sobre el entorno del presidente. «Pienso que el silencio de Sánchez le hace culpable», ha señalado la presidenta, quien además ha cuestionado la financiación del Partido Socialista en los últimos años, sugiriendo posibles vínculos con la trama investigada que, según sus palabras, serán difíciles de desmentir.
En su análisis de la situación institucional, Díaz Ayuso ha criticado la suspensión de la agenda oficial del presidente del Gobierno y ha ironizado sobre la posible publicación de una nueva carta a la ciudadanía. Para la dirigente madrileña, la red de personas implicadas en las investigaciones judiciales dependía directamente del liderazgo de Sánchez, lo que extendería la responsabilidad hacia la cúpula del Ejecutivo.
Asimismo, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha dirigido sus reproches hacia los socios parlamentarios del Gobierno de coalición. Ha asegurado que la estabilidad del Ejecutivo se mantiene por intereses particulares de estas formaciones en las instituciones y no por principios éticos, instándoles a retirar su apoyo ante lo que considera una situación de deterioro institucional sin precedentes.
Por último, estas valoraciones coinciden con la postura mantenida por el Gobierno central, que ha restado veracidad a los testimonios judiciales de Víctor de Aldama, calificando al empresario de «gran mentiroso» y asegurando que las instituciones actúan con total tranquilidad frente al proceso judicial en curso.
