La Guardia Civil deja en libertad a los seis detenidos por la nueva pieza del caso Koldo
La Guardia Civil ha puesto en libertad a las seis personas que fueron detenidas este jueves por la Unidad Central Operativa (UCO) en el marco de una nueva pieza separada del denominado caso Koldo. Los arrestos, practicados en las ciudades de Madrid, Córdoba, Valencia y Sevilla, forman parte de una investigación dirigida por el magistrado de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, que indaga presuntas irregularidades y el cobro de comisiones ilegales en contratos de obra pública.
La puesta en libertad de los investigados se produce tras completarse las diligencias policiales iniciales vinculadas a esta nueva ramificación del proceso. Entre los detenidos que han abandonado las dependencias policiales se encuentran el empresario Cristian Corvillo y Andrea de la Torre, actual pareja del exministro de Transportes José Luis Ábalos. El magistrado Moreno abrió esta pieza el pasado martes tras recibir un informe detallado de la UCO que señalaba indicios de amaños en licitaciones de infraestructuras ferroviarias.
Como parte de las actuaciones judiciales, agentes de la UCO se personaron este jueves en la sede de ADIF Alta Velocidad en Madrid para realizar un requerimiento formal de información. El objetivo es analizar diversos expedientes de contratación que podrían haber sido objeto de manipulación a cambio de contraprestaciones económicas. Fuentes de la compañía pública han confirmado su total colaboración con las autoridades, facilitando toda la documentación solicitada por los investigadores para esclarecer los hechos ocurridos durante la etapa de José Luis Ábalos al frente del Ministerio de Transportes.
La investigación judicial, que inicialmente comenzó centrada en la compra irregular de mascarillas durante la pandemia, ha evolucionado hacia una causa de mayor envergadura que afecta a contratos de obra pública y al sistema de gestión financiera interno. El magistrado mantiene bajo investigación a más de una quincena de personas, incluyendo a altos cargos y exdirigentes, mientras se tramitan pesquisas bajo secreto de sumario relativas a presuntos reembolsos de pagos adelantados por cargos políticos.
Con la apertura de esta nueva rama, el procedimiento judicial refuerza el control sobre las adjudicaciones realizadas en los últimos años en el sector de las infraestructuras. La instrucción continúa su curso en la Audiencia Nacional con el análisis de los dispositivos electrónicos incautados y la documentación remitida por ADIF, lo que determinará la necesidad de futuras declaraciones judiciales por parte de los implicados.
