La UCO requiere documentación en la sede de Grupo Azvi dentro de una nueva pieza del caso Koldo
Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se han personado este jueves en la sede del Grupo Azvi en Sevilla para realizar un requerimiento de documentación. Esta actuación se desarrolla en el marco de una nueva pieza separada del denominado caso Koldo, abierta recientemente por la Audiencia Nacional para investigar presuntas irregularidades en contratos de obra pública.
La operación, dirigida por el magistrado Ismael Moreno y coordinada con la Fiscalía Anticorrupción, se ha saldado con la detención de seis personas. Entre los arrestados se encuentran el empresario cordobés Cristian Corvillo, vinculado al ámbito orgánico del PSOE, y Andrea de la Torre, pareja del exministro de Transportes, José Luis Ábalos. Según fuentes de la investigación, esta nueva derivada judicial se centra en el estudio de posibles comisiones irregulares en adjudicaciones de infraestructuras.
El magistrado de la Audiencia Nacional decidió la apertura de esta pieza bajo secreto de sumario tras recibir un nuevo informe técnico de los investigadores. Las pesquisas actuales buscan determinar si la red investigada extendió su actividad más allá de la compra de material sanitario durante la pandemia, alcanzando la licitación de obras públicas en diversos puntos del territorio nacional.
Desde el Grupo Azvi, empresa especializada en construcción y gestión ferroviaria, se ha emitido un comunicado oficial en el que confirman la plena colaboración con los agentes desplazados a sus oficinas. La compañía ha manifestado su «más absoluta tranquilidad» ante la diligencia, calificándola como un procedimiento «pertinente» que permitirá, tras el análisis de la documentación facilitada, acreditar el cumplimiento normativo de la firma.
La dirección de la constructora sevillana ha reiterado su confianza en el trabajo de las autoridades competentes y ha subrayado su disposición a actuar con la máxima transparencia. No obstante, han señalado que no pueden aportar detalles específicos sobre los documentos requeridos debido a la situación de secreto de las actuaciones judiciales, instando al respeto de la confidencialidad para no interferir en el proceso.
Esta nueva fase operativa supone un avance significativo en la macrocausa que instruye la Audiencia Nacional, ampliando el foco de la investigación hacia las relaciones contractuales entre empresas del sector de la construcción y organismos públicos bajo la gestión de antiguos responsables gubernamentales.
