El Congreso reactiva la ponencia sobre mutualidades profesionales ante la división por la pasarela al RETA

La Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Congreso de los Diputados retomará el próximo martes los trabajos de la ponencia encargada de debatir la proposición de ley sobre mutualidades profesionales de previsión social. Tras meses de inactividad, los grupos parlamentarios abordarán la iniciativa presentada por el Grupo Socialista en un contexto marcado por la disparidad de criterios entre los colectivos afectados y la complejidad de la aritmética parlamentaria para alcanzar un consenso legislativo.

El núcleo del debate parlamentario reside en la coexistencia de dos visiones opuestas sobre el futuro de la previsión social de los profesionales colegiados. Mientras una parte de los colectivos reclama la creación de una «pasarela» integral al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) como única solución, una mayoría de los profesionales mutualistas defiende la preservación de la alternatividad y la libertad de elección, permitiendo que el sistema privado de previsión conviva con el régimen público.

Desde la plataforma Mutualistas por el Futuro, su presidente, Ángel Seisdedos, ha manifestado que la complementariedad de opciones es beneficiosa para la sostenibilidad global del modelo de pensiones, especialmente ante las actuales tensiones financieras de la caja estatal. Según el sector que defiende la permanencia del sistema, concentrar toda la previsión en la estructura pública sería una medida contraproducente que ignoraría la capacidad de resistencia y solvencia demostrada por las mutualidades a lo largo de décadas de crisis económicas y cambios regulatorios.

El sistema de mutualidades alternativas permite que determinados profesionales canalicen su previsión social fuera del régimen público de autónomos, asumiendo de forma privada el coste y el riesgo de su jubilación. Históricamente, este modelo ha operado como un elemento de equilibrio para el sistema de pensiones nacional. No obstante, la actual reforma legislativa busca ahora actualizar el marco regulatorio para ofrecer mayores garantías jurídicas y responder a las demandas de los diferentes perfiles de cotizantes.

Entre las reivindicaciones que los profesionales han trasladado a los grupos parlamentarios destaca el mantenimiento de la libertad de planificación para la jubilación y la extensión del derecho al complemento a mínimos para los mutualistas. Este último punto es especialmente relevante, dado que dicho complemento se financia vía presupuestaria y no mediante cotizaciones directas a la Seguridad Social. Asimismo, se demanda un tratamiento fiscal justo para aquellos casos en los que se regule una transición voluntaria hacia el régimen público.

La reactivación de la ponencia el próximo martes marcará el inicio de una fase de negociación técnica donde la prioridad será mejorar la seguridad jurídica del sistema sin suprimir opciones de ahorro. El resultado de estas sesiones será determinante para definir si el modelo de previsión social en España avanza hacia una integración total en el sistema público o si refuerza su estructura de alternatividad para los profesionales colegiados.