Pérez Llorca expresa su respeto a la investigación de Fiscalía y subraya que no hay imputaciones contra la alcaldesa de Valencia
El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha manifestado su «respeto institucional» ante la apertura de diligencias de investigación por parte de la Fiscalía Anticorrupción contra la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, y la presidenta de la Autoridad Portuaria de Valencia, Mar Chao. El jefe del Consell ha remarcado que el procedimiento actual se circunscribe a una fase de investigación inicial que no conlleva, por el momento, ninguna imputación formal ni procesamiento contra los cargos públicos señalados.
La intervención del dirigente autonómico se produce tras conocerse que el Ministerio Público ha designado un fiscal instructor para investigar presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias. Las diligencias tienen su origen en una denuncia presentada por el grupo municipal Compromís, relacionada con la supuesta «recolocación» de personal del extinguido Consorcio Valencia 2007 en diversas entidades del Ayuntamiento de Valencia y del Puerto.
En sus declaraciones a los medios de comunicación, Pérez Llorca ha declinado realizar valoraciones profundas sobre el fondo del asunto, al considerar que se trata de una función que compete exclusivamente al ámbito judicial y fiscal. «No tengo ninguna información y no voy a hacer ningún tipo de valoración. Simplemente se habla de que se está investigando y es una función que le corresponde a la justicia», ha puntualizado el presidente.
Asimismo, el jefe del Ejecutivo valenciano ha aprovechado su intervención para defender la gestión de la alcaldesa de Valencia y de la presidenta del Puerto. Respecto a Mar Chao, ha señalado que, a pesar de las informaciones críticas vertidas sobre su gestión, «la realidad es que no van las cosas mal». Sobre María José Catalá, el presidente ha reafirmado su confianza en su labor al frente del consistorio, calificándola de «fantástica alcaldesa» y apelando a su buen hacer profesional.
El caso, que fue adelantado por medios de comunicación nacionales y confirmado posteriormente, afecta también a las concejalas del Ayuntamiento de Valencia, Rocío Gil y Paula Llobet, además de a cuatro trabajadores públicos. El foco de la investigación se centra en los criterios seguidos para la creación de puestos de trabajo destinados a integrar al personal de la entidad que gestionaba La Marina, un organismo que fue liquidado tras estar integrado por representantes del Gobierno central, la Generalitat y el propio Ayuntamiento.
Con la apertura de este decreto de Fiscalía, fechado el pasado 11 de marzo, se inicia un proceso de comprobación de los hechos denunciados para determinar si existen indicios suficientes que justifiquen el traslado de la causa a los juzgados de instrucción. Hasta entonces, la postura oficial del Gobierno valenciano se mantiene en la defensa de la presunción de inocencia y la colaboración con los tiempos de la justicia.
