El Gobierno de Murcia solicita a Defensa una inspección del carguero ruso hundido para descartar riesgos nucleares
El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha remitido una carta formal a la ministra de Defensa, Margarita Robles, en la que solicita la realización de una inspección técnica del carguero ruso hundido en diciembre de 2024 a 60 millas de la costa regional. El objetivo de la misiva es obtener garantías oficiales que descarten la presencia de componentes nucleares o materiales peligrosos en el pecio, según ha informado este jueves el portavoz del Ejecutivo autonómico, Marcos Ortuño.
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, celebrada en el Palacio de San Esteban, Ortuño ha subrayado la necesidad de que el Ministerio de Defensa aporte información «exhaustiva y detallada» sobre el incidente. El portavoz regional ha manifestado que la administración autonómica no puede aceptar la falta de transparencia en un asunto de estas características, instando al Gobierno de la Nación a disipar cualquier incertidumbre sobre los posibles riesgos ambientales o de seguridad derivados del naufragio.
En el marco de la seguridad marítima y costera, el Ejecutivo murciano también ha expresado su preocupación por el incremento de la actividad de las redes de narcotráfico en el litoral. Basándose en los datos del Departamento de Seguridad Nacional (DSN), que cifra en más de 600 las embarcaciones tipo «go-fast» bajo sospecha en aguas españolas, Ortuño ha confirmado que se han detectado incursiones recientes de estas narcolanchas en municipios como La Unión (Portmán) y Mazarrón.
Ante esta situación, el Gobierno de la Región de Murcia ha exigido al delegado del Gobierno, Francisco Lucas, la dotación «inmediata» de mayores recursos materiales y personales para los efectivos de la Guardia Civil que operan en la zona. El portavoz ha calificado de insuficiente el apoyo actual y ha instado a la administración central a priorizar la protección de los agentes que desempeñan sus funciones en la lucha contra el tráfico de estupefacientes.
Finalmente, la administración regional ha elevado una serie de peticiones legislativas al Gobierno de España, entre las que destacan el endurecimiento del Código Penal para combatir con mayor eficacia a las mafias del narcotráfico y la declaración de la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como profesión de riesgo. Esta última medida busca atender una demanda histórica de las asociaciones profesionales del sector en respuesta al aumento de la peligrosidad en sus intervenciones operativas.
