Anticorrupción señala a Ábalos como líder de una «organización criminal» y solicita 24 años de prisión
El fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha calificado este miércoles a los implicados en el juicio por el «caso mascarillas» como una «auténtica organización criminal» que operó de manera coordinada y con un reparto de funciones definido en el entorno del Ministerio de Transportes. Durante la exposición de sus conclusiones, el representante del Ministerio Público ha identificado al exministro José Luis Ábalos como el «jefe» de la trama, solicitando para él una pena de 24 años de cárcel, mientras que ha descartado la participación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la estructura delictiva.
En el desglose de las peticiones de pena, la Fiscalía también ha solicitado 19 años y medio de prisión para Koldo García, antiguo asesor del ministro. Según el relato del fiscal, Ábalos se «parapetaba» en su asesor para evitar descender directamente a la comisión de los delitos, manteniendo un papel de liderazgo institucional. Por otro lado, Luzón ha rebajado la petición para el empresario Víctor de Aldama a siete años de prisión, reconociendo su condición de «arrepentido» y valorando su colaboración esencial para esclarecer los hechos enjuiciados.
Luzón ha rechazado tajantemente las declaraciones de Aldama en las que situaba a Pedro Sánchez como «el número 1» de la organización. El fiscal ha señalado que el empresario realizó estas afirmaciones con «notable desahogo» y sin aportar pruebas. Para Anticorrupción, la jerarquía de la trama contaba con dos figuras clave: un jefe «instrumental», representado por el exministro Ábalos, y un jefe «efectivo», encarnado por el propio Aldama en su calidad de comisionista y motor económico que «paga y exige».
La argumentación fiscal sostiene que existió un «pacto corruptor» de interés mutuo para todas las partes, subrayando que el Código Penal no distingue entre el corrompido y el corruptor. «Tal fue la insistencia como la falta de resistencia», ha manifestado Luzón, insistiendo en que la iniciativa de los delitos es irrelevante frente a la confluencia de voluntades para defraudar a la administración pública durante los momentos más críticos de la pandemia.
Finalmente, el fiscal ha precisado que la diferencia en las solicitudes de condena entre los cabecillas políticos y el comisionista responde a que Ábalos y García habrían incurrido en delitos adicionales de los que Aldama no formó parte. El Ministerio Público concluye que el exministro era reconocido unánimemente como «el jefe» por el resto de los acusados y por el entorno de la red, consolidando una operativa criminal con acción concertada dentro de la estructura gubernamental de la época.
