Nueva York impulsa un impuesto a las viviendas de lujo de no residentes ante las críticas de inversores y el sector republicano
La Alcaldía de Nueva York, encabezada por Zohran Mamdani, ha anunciado la propuesta de un nuevo recargo fiscal dirigido a las viviendas de lujo cuyos propietarios no residen de forma permanente en la ciudad. La medida, acordada con el gobierno estatal de la gobernadora Kathy Hochul, busca gravar las segundas residencias valoradas en más de cinco millones de dólares para generar unos ingresos anuales estimados en 500 millones de dólares (424,6 millones de euros).
La iniciativa legislativa establece un impuesto estatal sobre viviendas unifamiliares, condominios y cooperativas de alto valor que, según el comunicado oficial, son utilizadas por «élites globales» como vehículos de inversión y almacenamiento de riqueza en lugar de cumplir una función habitacional. Desde el consistorio se defiende que la propuesta cuenta con el respaldo del 93% de la población neoyorquina, centrando el objetivo en los propietarios que no contribuyen al sistema fiscal local de la misma forma que los residentes habituales.
El anuncio ha provocado una reacción inmediata de rechazo en el ámbito político y financiero. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha calificado la política fiscal de «error total» y ha acusado al alcalde Mamdani de «destruir» la ciudad. Este posicionamiento supone un giro en la relación entre ambos, tras los encuentros mantenidos a finales de 2025. El mandatario, que trasladó su residencia principal a Florida en 2019, posee diversos activos inmobiliarios en Manhattan, como la Trump Tower o el Trump World Tower, que podrían verse afectados por el nuevo gravamen.
En el sector financiero, figuras prominentes han tildado la medida de «guerra de clases». Daniel Loeb, gestor de fondos de inversión, criticó la exposición pública de propietarios individuales, como el inversor Ken Griffin, cuyo ático de 238 millones de dólares fue utilizado en el material audiovisual de la campaña municipal. Loeb advirtió que estas políticas pueden desalentar la inversión y provocar el traslado de capitales y empleados hacia otras jurisdicciones con marcos fiscales más favorables.
Por su parte, Bill Ackman, consejero delegado de Pershing Square, sostuvo que los propietarios no residentes impulsan sectores clave de la economía local como la construcción, el comercio minorista y el sector servicios, sin representar una carga para los recursos públicos como las escuelas o los servicios sociales. Ackman recordó que estos contribuyentes ya están sujetos a impuestos sobre bienes raíces, ventas y el denominado «impuesto a las mansiones».
Desde el ala republicana del Senado, legisladores como Ted Cruz han señalado que este incremento de la presión fiscal en Nueva York está dinamizando los mercados inmobiliarios de estados como Texas y Florida. Paralelamente, otros actores del sector tecnológico y empresarial, como Jason Calacanis y Linda Yaccarino, han expresado su preocupación por el impacto que esta medida tendrá en la competitividad a largo plazo de la metrópoli.
El debate institucional se centra ahora en el equilibrio entre la necesidad de recaudación para las arcas municipales y el riesgo de una deslocalización de grandes fortunas. Mientras el gobierno local insiste en que la medida corrige una anomalía en el mercado inmobiliario de lujo, la oposición política y económica advierte sobre las posibles consecuencias contractivas para el dinamismo de la ciudad de Nueva York.
