Manos Limpias califica de «ilegalidad grosera» la contratación de David Sánchez en la Diputación de Badajoz
El sindicato Manos Limpias ha ratificado este lunes sus conclusiones definitivas en el marco del proceso judicial que investiga la contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, por parte de la Diputación de Badajoz. La acusación popular ha solicitado penas de prisión tanto para Sánchez como para el expresidente de la corporación provincial, Miguel Ángel Gallardo, al considerar que el nombramiento respondió exclusivamente a una decisión política.
Durante la presentación de su informe definitivo, el letrado de la organización, José María Bueno, ha sostenido que la incorporación de David Sánchez a la institución pacense constituyó una «grosera ilegalidad». Según la tesis de la acusación, el proceso de selección careció de los principios de mérito y capacidad, señalando que el vínculo familiar con el secretario general del PSOE y jefe del Ejecutivo fue el factor determinante para su designación.
En cuanto a las peticiones de condena, Manos Limpias solicita tres años de prisión para Miguel Ángel Gallardo, en su condición de máximo responsable de la Diputación en el momento de los hechos. Para David Sánchez, la acusación interesa una pena de un año y medio de cárcel. El representante legal ha calificado el procedimiento de contratación como una «auténtica patraña» y un ejemplo de «enchufismo» dentro de la administración pública.
El letrado ha subrayado que el avance de la causa judicial ha sido posible gracias a la labor de los medios de comunicación, la denuncia inicial presentada por el sindicato y el trabajo de instrucción dirigido por la jueza Beatriz Biedma, apoyado por el resto de acusaciones populares. En su intervención, ha destacado la importancia de la fiscalización externa para garantizar la transparencia en las instituciones provinciales.
Finalmente, el informe de Manos Limpias ha dedicado un apartado a la postura mantenida por el Ministerio Público durante el proceso. La acusación ha criticado la oposición de la Fiscalía al desarrollo de la investigación, trazando un paralelismo con la actuación de dicha institución en otros procedimientos judiciales que afectan al entorno cercano del presidente del Gobierno. Con la elevación a definitivas de estas conclusiones, el juicio encara su fase final para determinar la legalidad de la estructura administrativa creada en la institución extremeña.
